La Fiscalía ha presentado sus alegatos finales en el caso del exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas quien enfrenta acusaciones de desvío de fondos de Fonacide y construcción deficiente de aulas en un colegio. La solicitud de pena es de 4 años de prisión.
Las fiscalas Teresita Torres Molas y Carina Sánchez han solicitado al Tribunal de Sentencia, compuesto por los jueces Rodney Rejala, Lilian Flores y Hugo Segovia, la imposición de una pena de 4 años de cárcel para el exintendente lambareño Roberto Cárdenas Ramírez. Esta petición se basa en la acusación de lesión de confianza y está relacionada con el caso de desvío de fondos de Fonacide, así como la construcción deficiente de aulas en un colegio que posteriormente colapsaron debido a la baja calidad de los materiales utilizados.
El proceso judicial también involucra a otros individuos, como Guido Fernando Salcedo, administrador del Colegio Nacional de Lambaré, a quienes se les solicita la misma pena de 4 años de prisión. Además, se acusa a Vicente Acosta Gibbons, director del Colegio Nacional Lambaré, y Francisco Javier Villalba Cantaluppi, quien aprobó los planos de la obra, como cómplices en el desvío de fondos y la construcción defectuosa, enfrentando una solicitud de pena de 2 años de cárcel.
En este caso de corrupción pública, los fiscales encargados son Teresita Torres, Carina Sánchez y Luis Said. Sin embargo, durante la audiencia de alegatos finales, solo participaron las dos agentes del Ministerio Público mencionadas.
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Cabe destacar que en un primer juicio oral, un Tribunal de Sentencia había condenado al exintendente Roberto Cárdenas Ramírez a una pena de 4 años de prisión, al considerarlo responsable del desvío de fondos del Fonacide. Esta situación surgió a raíz de la construcción de aulas sobrefacturadas que, debido a deficiencias en su edificación, colapsaron posteriormente. Los otros procesados también habían recibido una pena idéntica a la solicitada por la Fiscalía en este juicio oral.
Sin embargo, un Tribunal de Apelación de Central, compuesto por los camaristas María Eugenia Chávez de Allen, Fabriciano Villalba Martínez (presidente) y Lourdes Cardozo, admitió los recursos de apelación presentados por los abogados defensores. Este tribunal consideró que la fundamentación del Tribunal de Sentencia era insuficiente y que no se había pronunciado de manera adecuada sobre un incidente relacionado con los plazos procesales. Como resultado, la condena a Cárdenas y los demás procesados fue anulada, y el caso fue remitido para un nuevo juicio oral que está en curso.
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En el proceso judicial se ha señalado que la causa del colapso de las aulas, que ocurrió el 30 de septiembre de 2015, se debió a una falla estructural en la cabriada, debido a deficiencias en el diseño y la calidad de la madera utilizada, que presentaba fisuras importantes. Las investigaciones también revelaron que otras aulas presentaban riesgos similares, lo que planteaba un peligro inminente para la seguridad de las personas. La falta de documentación sobre los cambios realizados en la construcción dificultó la determinación de las alteraciones realizadas en la cobertura.
El contrato entre la municipalidad y la constructora establecía que la Municipalidad de Lambaré entregaría una suma de dinero al Colegio Nacional de Lambaré para la realización de las obras. Sin embargo, se encontró que la comuna pagó un monto superior al costo real de la obra, lo que resultó en un sobrecosto de significativa magnitud.
Fuente: ABC Color.
