El contralor general Camilo Benítez. Foto: Senado
El gobierno de Paraguay, liderado por Santiago Peña, se encuentra en proceso de elaborar una normativa que resuelva la disputa existente entre la Contraloría General y el Tribunal de Cuentas.
Esta situación se originó tras el veto de Peña a una propuesta de ley que buscaba evitar que las instituciones eludieran la fiscalización de la Contraloría, optando por rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas.
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Camilo Benítez, contralor general de la nación, ha manifestado una posición firme respecto a la nueva legislación. Benítez sostiene que cualquier apoyo a la propuesta estará condicionado a la inclusión de un artículo específico que garantice la auditoría de la Contraloría antes de la aprobación de cuentas por el Tribunal.
Su principal preocupación radica en el actual mecanismo que permite a las instituciones evitar la fiscalización efectiva de la Contraloría.
El contralor ha señalado directamente al Poder Judicial, acusándolo de favorecer a ciertas instituciones al desviar informes hacia el Tribunal de Cuentas. Esta práctica, según Benítez, ha sido una estrategia para evadir la supervisión de la Contraloría.
La situación se complica con recientes nombramientos en el Tribunal de Cuentas, que incluyen a César Emilio Diesel Marín, hijo del presidente de la Corte, César Diesel, generando preocupaciones sobre conflictos de interés.
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El veto del presidente Peña a la ley previa se percibe como una concesión a la Corte Suprema, evitando un enfrentamiento directo con una estructura acusada de gestionar de manera cuestionable los recursos públicos y esquivar el control efectivo. Esta decisión ha sido criticada por distintos sectores que buscan mayor transparencia en la administración de los fondos estatales.
Benítez reconoce que es posible la coexistencia entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas, siempre y cuando se garantice una colaboración efectiva y transparente por parte del Poder Judicial. Subraya la necesidad de un compromiso sólido con la transparencia, especialmente en la gestión de los recursos públicos.
La propuesta de reforma legal se encuentra en un punto crucial, donde el equilibrio entre las distintas instituciones y la garantía de transparencia son fundamentales.
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La postura de Benítez refleja la creciente demanda de responsabilidad y claridad en la gestión pública. El desarrollo de esta legislación será determinante para el futuro de la transparencia y la justicia en Paraguay.
Fuente: Ruth Benítez -LPO
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