La exjueza Julia Rosa Alonso Martínez emitió un fallo controvertido a favor del exsenador Víctor Galeano Perrone, pocas horas antes de ser suspendida por la Corte Suprema de Justicia debido a un caso de presunto mal desempeño en su cargo. Este fallo, que favorece al exsenador, ha generado una ola de críticas y cuestionamientos en el país.
El 20 de noviembre de 2019, la exjueza Alonso Martínez dictaminó en primera instancia en un caso que involucraba un terreno ocupado por el Regimiento Escolta Presidencial, desestimando la demanda de usucapión presentada por el Estado en 2011. En su fallo, la exmagistrada ordenó que el Estado pagara una indemnización de G. 2.016 millones al exsenador Galeano Perrone en concepto de “lucro cesante”, correspondiente a años anteriores desde 1994.
Este fallo es particularmente sorprendente debido a que, el mismo día en que se emitió, la Corte Suprema de Justicia suspendió a la exjueza con goce de sueldo como parte de una investigación preliminar sobre presuntas irregularidades en otro caso.
La exjueza Julia Rosa Alonso ya tenía un historial controvertido en sus resoluciones judiciales. A lo largo de su carrera, fue denunciada en múltiples ocasiones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pero todas las denuncias fueron misteriosamente archivadas.
Su suspensión por parte de la Corte se relacionó con una causa en la que ordenó el embargo de un inmueble que albergaba una oficina y el pozo principal de una Junta de Saneamiento. Estas juntas son consideradas bienes de uso público e inembargables según la ley. Además, la exmagistrada había otorgado medidas cautelares en favor de empresas de transporte que permitían la circulación de vehículos en condiciones precarias.
Otro hecho que generó controversia fue su participación en una acción preparatoria de demanda presentada por el condenado por lavado de dinero en Brasil, Darío Messer, a través de su abogada Leticia Bóbeda.
El fallo de la exjueza Alonso Martínez fue confirmado por un tribunal de apelación el 25 de noviembre de 2021, lo que profundizó la controversia en torno a esta resolución.
El 4 de marzo de 2022, el entonces procurador general de la República, Juan Rafael Caballero, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra las resoluciones judiciales a favor del exsenador y en contra del Estado. Esta acción aún está pendiente de decisión.
En medio de esta polémica, el exministro de Defensa y actual diputado colorado, Roberto González, afirmó que nunca recibió reclamos por parte del exsenador Galeano Perrone en relación con el terreno ocupado por el Regimiento Escolta Presidencial. El exsenador, por su parte, ha reiterado que su objetivo es recuperar su propiedad y que no tiene interés en recibir ninguna indemnización. Argumenta que el Estado no puede usucapir un terreno privado y que la única vía es la expropiación a un precio justo.
Fuente: ABC Color
