Silvana Jazmín Busto Adorno, hija del diputado cartista José Domingo Adorno, fue nombrada como asesora el 16 de agosto de 2023, justamente al día siguiente de la toma de posesión del gobierno de Santiago Peña.
Con tan solo 23 años y sin título universitario, Silvana ha sido contratada con un salario de G. 4.250.000, casi el doble del salario mínimo legal, lo que suscita cuestionamientos sobre la legitimidad de su nombramiento y la competencia para el cargo asignado.
Este caso se suma a otros escándalos de nepotismo en el Congreso, incluyendo el del hijo del presidente del Senado, Silvio “Beto” Ovelar, quien también se benefició de una contratación similar y terminó renunciando ante la presión pública. Otro ejemplo notable es el de Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien obtuvo un sueldo de G. 18.000.000 en la Cámara de Diputados.
Estos casos ilustran una tendencia preocupante en la política paraguaya, donde los lazos familiares parecen ser un requisito para acceder a posiciones de poder y responsabilidad. Además, se destaca la ausencia de procesos de selección competitivos, dejando en evidencia la falta de transparencia y meritocracia en la asignación de cargos públicos.
Por otro lado, Rafael Augusto Duarte Ovelar, hijo de la senadora Blanca Ovelar (ANR), quien había trabajado en la Corte Suprema de Justicia hasta 2017, ahora aparece como funcionario en la Contraloría General de la República, con un salario de G. 3.000.000. Esta reubicación es un ejemplo más de cómo los lazos familiares pueden influir en las trayectorias profesionales dentro del sector público.
La situación actual evidencia cómo los clanes familiares, representados por políticos influyentes como Silvio “Beto” Ovelar y Pedro Alliana, representan un costo considerable para el Estado y los contribuyentes. Con salarios millonarios asignados a familiares en diversas instituciones públicas, se plantea una preocupación legítima sobre el uso de fondos públicos y la equidad en la distribución de oportunidades laborales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, ha guardado silencio ante estos nombramientos controvertidos. Aunque se ha informado de una reducción del 11% en el número de funcionarios contratados y un supuesto ahorro de G. 1.988 millones en el presupuesto anual, estas cifras no han sido respaldadas por documentos oficiales.
Fuente: ABC Color.
