En un fallo reciente, el Tribunal de Sentencia ha confirmado la condena de cinco años de prisión para el exdiputado colorado Miguel Cuevas, acusado y hallado culpable de enriquecimiento ilícito. Este caso, que ha captado la atención pública y mediática, destaca por su complejidad y las implicaciones en el ámbito de la corrupción política.
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La defensa de Cuevas, liderada por el abogado Guillermo Duarte Cacavalos, presentó una apelación cuestionando varios aspectos del proceso, incluyendo la incorporación de ciertas pruebas y testimonios, especialmente los aportados por el licenciado Javier González Pérez. Sin embargo, dicha apelación fue rechazada, con el Tribunal manteniendo la validez de las pruebas y testimonios impugnados.
Arnaldo Fleitas, quien tuvo un papel preponderante en la revisión del caso, señaló que Cuevas, durante su periodo en cargos públicos, no logró justificar el origen lícito de sus bienes, observándose que sus egresos superaban significativamente sus ingresos declarados. Esta situación constituye la base de la acusación por enriquecimiento ilícito, una falta grave dentro del marco de la función pública.
Además, el Tribunal abordó la absolución de Cuevas en relación con otro delito, la Declaración Falsa, indicando que esta decisión no contradice la condena por enriquecimiento ilícito. Se destacó que las pruebas presentadas fueron suficientes para establecer la culpabilidad de Cuevas en el enriquecimiento ilícito, aunque no para la declaración falsa.
Sobre los cuestionamientos a la labor del perito Javier González, el camarista aclaró que no hubo afectación de garantías constitucionales o procesales en la inclusión de sus pericias y declaraciones. Estas pruebas, junto con otras evidencias, fueron consideradas esenciales para llegar a un veredicto.
Finalmente, el Dr. Arnulfo Arias, al adherirse a la resolución mayoritaria, enfatizó que la sentencia cumplía con todos los requisitos legales y no presentaba vicios que justificaran su anulación. Con esta decisión, el caso de Miguel Cuevas se convierte en un referente en la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en el ámbito público.
Fuente: El Nacional
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