En la política paraguaya, el nepotismo parece ser una tradición difícil de erradicar. En la Cámara de Diputados, presidida por Raúl Latorre, nos encontramos con un claro ejemplo: en los últimos meses, se han contratado aproximadamente 300 funcionarios sin pasar por un concurso público, y lo más escandaloso, muchos de ellos son familiares cercanos de los propios diputados.
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Esta situación no es nueva, pero ha alcanzado un punto crítico bajo la gestión de Latorre. Con la firma de resoluciones que avalan estas contrataciones, el presidente de la Cámara se ha convertido en el arquitecto de un sistema que favorece a los allegados sobre los más capacitados.
Lo más indignante es que muchos de estos nuevos empleados ni siquiera cuentan con el perfil académico requerido para los puestos que ahora ocupan.
▶️ OTRA VEZ ÉL |
El diputado Raúl Latorre aparece como denominador común en los «aumentazos» y contrataciones polémicas en el Congreso.
«Estoy en un cargo de confianza que me dio el diputado Latorre», reveló la hija del vicepresidente de la República, Montserrat… pic.twitter.com/pEpB40iueq
— DELPY (@delpynews) December 22, 2023
Uno de los casos más llamativos es el de Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana. Originalmente designada como asesora en el Ministerio de Justicia con un salario de G. 6.100.000, su sueldo se incrementó abruptamente a más de G. 18 millones como Coordinadora en la Cámara de Diputados.
Situaciones similares se repiten con los hijos y esposas de varios diputados, quienes han sido colocados en cargos con salarios exorbitantes.
No podemos ignorar el malestar ciudadano que estas acciones generan. La indignación es palpable, especialmente después de que Alejandro Ovelar, hijo del senador Silvio Ovelar, renunciara a su cargo en la Cámara tras las protestas públicas. Este caso demuestra que, aunque tarde, la presión social puede tener un efecto positivo.
La pregunta que surge es clara: ¿Dónde queda la meritocracia en todo esto? La contratación de familiares y allegados sin el debido proceso de selección no solo es éticamente cuestionable, sino que también degrada la calidad del servicio público. Los ciudadanos merecen funcionarios competentes y dedicados, no favores políticos disfrazados de empleo.
Fuente: Última Hora
