Evasión a la fiscalización: Un camino cuestionable
En una maniobra que despierta sospechas, más de 150 instituciones públicas, lideradas por la Defensoría Pública, han encontrado un resquicio legal para evitar la fiscalización de la Contraloría, presentando sus informes de ejecución únicamente al Tribunal de Cuentas.
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Este acto, respaldado por un reciente fallo de la Corte Suprema, plantea serias dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público.
Un fallo dividido que cambia el juego
La Corte Suprema, en una decisión dividida, falló a favor de la Defensoría Pública, estableciendo que no existe superposición entre las funciones de la Contraloría y el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, esta resolución no estuvo exenta de controversia, con opiniones encontradas entre los miembros de la Corte, indicando una división en torno a la interpretación de las funciones de fiscalización y control.
La Contraloría: ¿Desplazada por decisiones judiciales?
El fallo de la Corte Suprema ha dejado a la Contraloría en una posición comprometida, limitando su capacidad para auditar los informes de gastos de numerosas instituciones. Este escenario, impulsado por la misma Corte y otras entidades estatales, sugiere una estrategia coordinada para debilitar el papel fiscalizador de la Contraloría, lo que podría ser interpretado como un mecanismo para encubrir irregularidades.
La Fiscal Gral. Sandra Quiñónez evita someterse a la auditoria de la Contraloría General de la República
El pretexto fue que remitió los documentos solicitados al Tribunal de Cuentas#TelefuturoPy vía @AM_1080 pic.twitter.com/yovqEvKR0O
— Telefuturo (@Telefuturo) March 6, 2023
Implicaciones políticas y legales
El presidente Santiago Peña, al vetar una ley que buscaba clarificar y fortalecer el papel de la Contraloría, ha optado por respaldar la postura de la Corte y las instituciones que se acogen al Tribunal de Cuentas. Este veto, junto con la elección de César Emilio Diesel Marín, hijo del presidente de la Corte, como juez del Tribunal de Cuentas, pese a su bajo puntaje y afiliación política, agrega otra capa de complejidad y posible conflicto de interés al panorama.
El asesor del TSJE, Luis Alberto Mauro, alegó que no es potestad de la Contraloría General de la República auditar a a la institución de acuerdo a una sentencia del año 2014 en la que la Corte Suprema de Justicia resolvió que sólo el Tribunal de Cuentas puede.#ABCTVPy pic.twitter.com/IKG6yrer2C
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 7, 2022
Un futuro incierto: Nuevas leyes y desafíos
La propuesta de una nueva ley que busque un equilibrio entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas, anunciada por el Ejecutivo, podría ser un paso hacia la resolución de este conflicto. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre si realmente se buscará fortalecer la fiscalización o si, por el contrario, se perpetuarán las prácticas que limitan la transparencia y fomentan la corrupción.
Conclusión: La necesidad de transparencia y rendición de cuentas
Lo que queda claro es que la situación actual, en la que más de 150 instituciones eluden la fiscalización de la Contraloría, no solo es problemática desde el punto de vista de la transparencia, sino que también plantea interrogantes más amplias sobre la integridad del sistema de control y rendición de cuentas en Paraguay.
Fuente: Última Hora
