Los pisos están prácticamente destruidos en la escuela agrícola de San Pedro. Foto: Omar Acosta, ABC
Un análisis exhaustivo sobre la distribución de los fondos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) ha revelado que, incluso después de una década, los distritos más pobres de Paraguay continúan recibiendo una porción significativamente menor de estos recursos. Este patrón, que perpetúa las desigualdades en el sector educativo, fue inicialmente identificado en un estudio realizado en 2013 por los investigadores Fabricio Vázquez y Kevin Goetz.
Los hallazgos apuntan a que la aplicación del criterio de royalties, establecido por la Ley N° 4.758/12 que rige el Fonacide, beneficia desproporcionadamente a aquellos municipios cercanos a las hidroeléctricas. Esto significa que las localidades que ya cuentan con mejores infraestructuras reciben un presupuesto tres veces superior en comparación con las que presentan mayores carencias.
Por ejemplo, departamentos como Alto Paraná, Ñeembucú, Itapúa y Central, que en 2013 tenían aproximadamente 1.190 aulas en mal estado, obtuvieron una financiación de G. 182.000 millones para proyectos de infraestructura escolar a través del Fonacide. En contraste, regiones más empobrecidas como San Pedro, Concepción y Caaguazú, con un número mayor de aulas deterioradas (2.020), solo recibieron G. 66.000 millones para propósitos similares.
Fabricio Vázquez, uno de los autores del estudio titulado “Atlas de Políticas Públicas del Paraguay: tendencias y retos de intervención (2013)”, destacó la ironía de la situación al sugerir que la construcción de represas en San Pedro, Concepción y Caaguazú podría ser la única solución para revertir esta realidad. El estudio subraya la necesidad de revisar y modificar los criterios de distribución de los fondos del Fonacide para asegurar una asignación más equitativa y justa que atienda realmente a las necesidades de las comunidades más desfavorecidas.
Fuente: ABC Color.
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