En total sigilo y contradiciendo su propio discurso anticorrupción, el presidente Santiago Peña vetó la ley que prohibía a entidades públicas evadir controles de la Contraloría enviando informes al Tribunal de Cuentas, conocido como un centro de “blanqueo”.
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El mandatario alegó razones técnicas e informes de la Corte Suprema. Pero ignora que el proyecto buscaba precisamente terminar con la disputa legal entre ambos órganos de control, que permite a un centenar de instituciones como Fiscalía, TSJE y municipios saltarse regulaciones.
Ahora Peña simplemente propone una “mesa de trabajo conjunta” entre Contraloría y Tribunal, que no soluciona el problema de base ni los vicios históricos.
Mientras tanto, su decreto fortalece al Tribunal de Cuentas justo cuando el hijo del titular de la Corte fue designado juez del organismo entre serios cuestionamientos.
La decisión contradice el discurso del “plan anticorrupción” de Peña. También ignora reclamos del contralor Camilo Benítez, impulsor de la iniciativa junto a legisladores liberales.
Con este evidente veto político que profundiza disputas legales, el gobierno pierde credibilidad en su tibio intento de transparentar el uso de fondos públicos frente a la corrupción.
Fuente: Última Hora
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