Los jueces que recientemente absolvieron al ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y a su esposa, María Selva Morínigo, en un caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, han presentado declaraciones juradas con datos económicos llamativos.
El juez Javier Darío Báez, miembro del tribunal que absolvió a Díaz Verón, declaró un patrimonio neto de G. 6.306 millones, la mayoría proveniente de inmuebles y cuentas a cobrar. Lo notable es que entre los deudores figuran exediles del partido colorado de Limpio, ciudad donde Báez fue concejal (2010-2015). Además, Báez había votado por la absolución de Dany Durand, exministro de la Vivienda.
Por otro lado, la jueza Alba González, otra integrante del tribunal, registró un patrimonio neto negativo de G. 151 millones, con pasivos que superan sus activos compuestos por un inmueble y dos vehículos. Sus declaraciones de ingresos y egresos presentan una discrepancia notable, con gastos mensuales que superan sus ingresos. González había sido implicada en 2018 en un supuesto caso de coima de USD 30.000 en un proceso relacionado con drogas.
El tercer juez, Víctor Hugo Alfieri Duria, declaró activos por G. 690 millones, con pasivos de G. 74.500.000. Alfieri reportó activos similares hace 18 años, con propiedades que mantuvieron su valor a lo largo del tiempo, lo cual es inusual en el mercado inmobiliario. Antes de ser juez, Alfieri trabajó en el Ministerio Público.
La absolución de Díaz Verón y su esposa ha puesto en el foco a estos magistrados, cuyos patrimonios y actuaciones judiciales previas han generado dudas sobre la integridad del proceso. Las declaraciones juradas de los jueces, presentadas ante la Contraloría General de la República, han sido objeto de análisis detallado, revelando incongruencias y patrones inusuales.
Fuente ABC Color.
