La aprobación de la Ley de Devolución Premiada en la Cámara de Diputados ha generado un intenso debate, especialmente en relación con su posible impacto en casos de corrupción vigentes. Uno de los nombres que se ha mencionado en este contexto es el de Óscar Venancio “Ñoño” Núñez Giménez, exgobernador de Presidente Hayes y hermano del senador “Bachi” Núñez, quien fue condenado recientemente a 11 años de cárcel por lesión de confianza y administración en provecho propio, con un perjuicio patrimonial de al menos G. 42.000 millones.
El fiscal Luis Said, quien lideró la causa contra Ñoño Núñez, ha señalado que, aunque no ha leído detenidamente el proyecto de la Ley de Devolución Premiada, esta normativa podría aplicarse retroactivamente, lo que podría beneficiar al exgobernador condenado.
En declaraciones a ABC TV, el fiscal Said destacó que esta posibilidad de beneficiar al reo debería ser regulada de manera contraria a la iniciativa cartista que dio lugar a esta ley. Dijo que los funcionarios públicos que manejan recursos del Estado, incluyendo gobernaciones y municipalidades, deberían enfrentar marcos penales más rigurosos en comparación con otros delitos.
El proyecto de Ley de Devolución Premiada ha sido objeto de críticas y controversias, ya que algunos consideran que podría incentivar la corrupción al permitir que los culpables reduzcan sus penas a cambio de devolver el dinero robado. Sin embargo, defensores de la ley argumentan que puede ser una herramienta útil para recuperar activos robados y luchar contra la impunidad.
El fiscal Said también expresó la necesidad de considerar modificaciones en los marcos penales en casos de corrupción pública, con sanciones ejemplares que disuadan a los administradores de la cosa pública. Asimismo, señaló la importancia de abordar la problemática de la prescripción en casos de corrupción, ya que los delitos suelen remontarse a años atrás y pueden quedar impunes debido a este problema legal.
La condena a Ñoño Núñez representa un paso importante en la lucha contra la corrupción, pero también plantea interrogantes sobre la efectividad de las penas y la necesidad de reformar el sistema legal para combatir de manera más eficaz este tipo de delitos.
Fuente: ABC Color.
