El proyecto de ley presentado por el diputado Yamil Esgaib (ANR, HC), que busca reducir penas a funcionarios públicos corruptos que devuelvan el dinero malversado, ha desatado una serie de críticas y cuestionamientos en relación a su redacción y su compatibilidad con la Constitución Nacional.
El abogado José Casañas Levi, asesor del senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista), ha expresado su preocupación con respecto a este proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara Baja del Congreso y que ahora debe ser sometido a la consideración del Senado.
Casañas Levi argumenta que el proyecto de ley, en su forma actual, presenta serias deficiencias desde el punto de vista legal. Ha señalado que el texto utiliza terminología que no es consistente con el Código Penal vigente, destacando el uso del término “dinero” en lugar de “beneficio patrimonial”. Esta falta de precisión refleja una falta de comprensión del código y sus definiciones, lo que plantea dudas sobre la calidad de la redacción de la propuesta.
El abogado también ha planteado preguntas sobre las intenciones detrás del proyecto de ley, sugiriendo que podría ser interpretado de dos maneras: como un intento de incentivar la devolución de lo robado o como una estrategia para reducir las penas de los funcionarios públicos condenados por corrupción. Sin embargo, Casañas Levi enfatiza que en Paraguay, los casos de devolución por parte de funcionarios condenados por corrupción son prácticamente inexistentes.
Otra crítica importante se refiere a la redundancia y falta de especificidad en el proyecto de ley. Según Casañas Levi, el texto propuesto incluye disposiciones que ya están contempladas en la legislación actual. Por ejemplo, el proyecto señala las circunstancias en las cuales un tribunal debe considerar la devolución como factor para determinar la gravedad de la pena, aunque esto ya está establecido en la ley vigente. Esto no solo crea una redundancia innecesaria, sino que también deja preguntas sin respuesta sobre cómo se aplicaría en la práctica.
El abogado también señala que el proyecto carece de detalles sobre cómo se calcularían los beneficios para el autor en función del monto devuelto. Esta falta de claridad podría generar confusión y ambigüedad en la aplicación de la ley.
Sin embargo, la crítica más contundente que plantea José Casañas Levi se refiere a la posible inconstitucionalidad del proyecto de ley. Argumenta que el proyecto beneficia exclusivamente a un grupo específico de personas (funcionarios públicos), lo cual va en contra del principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional. Esta violación de principios fundamentales y del debido proceso es una preocupación seria que plantea interrogantes sobre la viabilidad del proyecto en términos legales y constitucionales.
Fuente: ABC Color.
