En un sorprendente y controvertido giro de los eventos, el Ministerio de Justicia de Paraguay ha sido objeto de intensas críticas por parte de la Red de ONGs dedicadas al VIH/Sida en el país. La organización ha denunciado que la institución gubernamental está exigiendo a los candidatos a agentes penitenciarios la presentación obligatoria de pruebas de VIH como parte de los requisitos para concursar a 752 puestos. Esta acción ha desencadenado una polémica debido a su presunta violación de leyes nacionales y tratados internacionales.
Las postulaciones para estos puestos, que se abrieron el martes y se extienden hasta el 19 de diciembre, han generado un profundo malestar. La Red de ONGs que trabaja en VIH/Sida Paraguay tomó cartas en el asunto y presentó una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción, entidad encargada de investigar irregularidades en instituciones dependientes de la Presidencia de la República.
El coordinador legal de esta articulación, Francisco Benítez Añazco, ha expresado de manera contundente que vivir con el virus del VIH no afecta la capacidad de una persona para desempeñarse en cualquier ámbito laboral y que no existen fundamentos válidos para que el Ministerio de Justicia solicite el estado serológico de los candidatos.
Es especialmente alarmante que la convocatoria del Ministerio de Justicia establezca que la no presentación de esta información descalifica al postulante. Esto plantea una seria preocupación sobre la discriminación de las personas que viven con VIH y sus derechos fundamentales.
Esta medida, además de ser éticamente cuestionable, viola tratados y leyes tanto internacionales como nacionales. El Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo establece claramente que cualquier forma de discriminación es una violación de los derechos humanos, y esta acción del Ministerio de Justicia se ajusta a esta definición, ya que exponer los resultados del VIH de una persona puede conducir a situaciones de discriminación.
A nivel nacional, la Ley N° 3940 estipula derechos, obligaciones y medidas preventivas relacionadas con el VIH, y prohíbe la divulgación de los resultados de las pruebas. Por otro lado, la Ley N° 5777, que aborda la protección integral de las mujeres, considera la exigencia de este tipo de pruebas médicas como violencia laboral. La Resolución N° 730 del 2009 del Ministerio del Trabajo también respalda esta postura.
Francisco Benítez Añazco ha señalado que, aunque es común recibir denuncias de discriminación en el ámbito privado, es inusual encontrar estas prácticas en el sector público, donde se espera que el Estado garantice los derechos de la población. Sin embargo, en este caso, el mismo Estado está exponiendo a las personas a situaciones de discriminación basadas en su estado de salud.
Ante esta situación, la Red de ONGs que trabaja en VIH/Sida Paraguay no se detiene y planea ampliar su denuncia, presentándola ante la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y ante el Ministerio del Trabajo.
Es importante destacar que esta controversia surge en un contexto en el que el Ministerio de Justicia ya se encuentra bajo escrutinio público desde el inicio del gobierno de Santiago Peña, con numerosos cuestionamientos y críticas hacia su gestión. Esta última polémica, relacionada con la exigencia de pruebas de VIH a los candidatos a agentes penitenciarios, intensifica aún más la atención sobre la institución y sus prácticas laborales discriminatorias.
Fuente: Última Hora.
