Representantes del FMI se había reunido con autoridades paraguayas a principios de noviembre. Foto: Archivo ÚH.
La reciente aprobación de la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones ha desatado una serie de interrogantes sobre las razones detrás de su rápida sanción por parte del Gobierno. Si bien los argumentos oficiales hacen hincapié en la necesidad de reformar el sistema de pensiones del país, existen indicios de que podría haber otros factores influyendo en esta decisión gubernamental.
Uno de los elementos que ha emergido en el debate es el acuerdo firmado por Paraguay con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a principios de este año. Según ese acuerdo, el país se comprometió a avanzar en 2023 con la elaboración de una ley de transición para la Caja Fiscal y una nueva versión de la ley para la supervisión del sistema de pensiones. Esto sentaría las bases para una reforma más integral del sistema de pensiones paraguayo.
Sin embargo, es llamativo que durante los debates en el Congreso, los legisladores que apoyaron la ley omitieran mencionar este compromiso con el FMI. ¿Fue una omisión intencional o simplemente un descuido? El senador Dionisio Amarilla, que responde a la agenda del partido gobernante, admitió que este tema se trató en las comisiones del Congreso pero no se discutió de manera amplia.
El hecho de que esta información haya sido pasada por alto en el proceso legislativo ha llevado a algunas voces críticas a plantear la hipótesis de que el Gobierno estaba bajo presión del FMI para acelerar la reforma de las pensiones como parte de las condiciones para recibir financiamiento. Además, se encuentra pendiente la aprobación de un préstamo de USD 400 millones solicitado al FMI por el presidente Santiago Peña a principios de noviembre. Estos fondos provienen de un fondo de Derechos Especiales de Giro, un activo de reserva internacional utilizado en situaciones de crisis.
La rapidez con la que se sancionó la Ley de Superintendencia de Pensiones plantea interrogantes sobre la urgencia del Gobierno por obtener recursos externos. No obstante, la aprobación de esta ley también permite al Estado acceder a los fondos de jubilación, lo que genera preocupaciones sobre la gestión de los recursos destinados a los jubilados.
La economista Alhelí González Cáceres, presidenta de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPY), advierte que la creación de la superintendencia y la reforma del sistema previsional podrían representar un proceso de privatización al incluir la capitalización individual. Este modelo ha fracasado en otros países y tiende a retirar la responsabilidad de las empresas y romper el pilar de solidaridad intergeneracional en el acceso a la jubilación.
Para González, la urgencia del Gobierno en aprobar estas medidas se debe a la grave situación fiscal que enfrenta el país. Incluso menciona que el presidente Peña tuvo que recurrir a la recompra de bonos en el mercado internacional para hacer frente a los vencimientos de deuda, lo que llevó a un mayor endeudamiento.
La presidenta de SEPPY argumenta que en lugar de reformar el sistema de pensiones, el Gobierno debería enfocarse en la reforma de la estructura del sistema tributario para combatir la evasión fiscal y promover la formalización del empleo, factores cruciales para el funcionamiento sostenible del sistema de jubilaciones.
Fuente: Última Hora.
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