En una jornada que quedará marcada por la controversia y las protestas, los diputados cartistas lograron aprobar, a toda prisa, un proyecto de devolución premiada que ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial. Esta medida, aprobada en tiempo récord, ha desatado la indignación de muchos sectores de la sociedad.
La sesión parlamentaria comenzó con un ambiente tenso después de que los diputados cartistas consiguieran aprobar la ley de Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, un acto que ya había desencadenado fuertes protestas.
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Aprovechando el momento y aparentemente envalentonados por la situación, los legisladores cartistas decidieron dar luz verde al polémico proyecto de devolución premiada.
Lo sorprendente de esta aprobación es la velocidad con la que se llevó a cabo. En menos de tres minutos, 41 de los 42 diputados cartistas presentes, incluyendo a sus aliados, respaldaron la propuesta del diputado Yamil Esgaib.
La aprobación fue tan apresurada que incluso se requirió una segunda votación, ya que inicialmente no se alcanzó el quórum necesario. Un parlamentario que había abandonado la sala tuvo que regresar para garantizar la aprobación del proyecto.
El proyecto de devolución premiada modifica el artículo 67 del Código Penal Paraguayo y plantea que “cuando se trate de hechos punibles contra el erario público cometidos por funcionarios, la pena podrá ser atenuada hasta el 50% del marco penal máximo, en caso en que la persona devuelva el dinero”.
Esta disposición ha suscitado preocupación entre legisladores de distintas corrientes políticas, quienes argumentan que podría incentivar la corrupción al permitir que los infractores reduzcan significativamente sus penas al devolver los fondos malversados.
Además de la ley de devolución premiada, otro proyecto igualmente controvertido, denominado “delación premiada”, propuesto por el mismo diputado Esgaib, quedó postergado sine die.
Este proyecto planteaba la posibilidad de atenuar las penas para aquellos involucrados en delitos graves, como narcotráfico, secuestro, lavado de dinero y corrupción estatal, si admitían su culpabilidad. Esta medida también había generado preocupación debido a la posibilidad de que criminales pudieran reducir sus condenas de manera significativa.
La aprobación de la ley de devolución premiada en medio de protestas y cuestionamientos profundiza la polarización política en el país y suscita un intenso debate sobre la lucha contra la corrupción y la integridad de las instituciones parlamentarias y judiciales.
Fuente: ABC Color
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