La Defensoría del Pueblo se vio envuelta en un escándalo de proporciones mayores. Una funcionaria presentó una denuncia grave contra el Defensor del Pueblo, Rafael Ávila, acusándolo de mantener encuentros sexuales inapropiados con otras dos funcionarias en su despacho y de ejercer hostigamiento laboral.
La denuncia, presentada por Nidia Pintos, directora especializada en atención penitenciaria de la Defensoría, se centra en un supuesto incidente ocurrido el 25 de julio de 2023.
Pintos alegó haber sido testigo de un acto sexual entre Ávila y dos funcionarias, Adriana Sanabria y Dora Recalde, dentro de la oficina del Defensor. Según su relato, este encuentro incluyó la presencia de preservativos, ropa interior y hasta un consolador.
La funcionaria detalló cómo, desde ese momento, fue objeto de una serie de represalias y maltratos laborales. Estas acciones incluyen el traslado a una oficina más pequeña y la reducción de su equipo de trabajo.
Además, Pintos mencionó haber sido sometida a precariedades en su labor, como la falta de recursos esenciales y la necesidad de usar su propio dinero para cumplir con sus funciones.
Por otro lado, Rafael Ávila respondió a estas acusaciones negando rotundamente cualquier acto sexual o situación de hostigamiento en la institución. En su defensa, Ávila calificó las denuncias como falsas y sin fundamento, alegando ser él mismo víctima de hostigamiento. Según el Defensor, las acusaciones forman parte de un plan para dañar su imagen y prestigio, tanto a nivel nacional como internacional.
Pintos señaló que sus denuncias anteriores no prosperaron, debido a alianzas políticas que protegen a Ávila.
Fuentes: ABC/ El Nacional.
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