El senador Carlos Núñez atropelló a los periodistas que intentaron consultarle sobre el Operativo Dakovo. Gentileza
La mañana en el Congreso se vio alterada por un suceso que ha escandalizado a la opinión pública: el senador Carlos Núñez, involucrado en el caso Dakovo, reaccionó de manera violenta contra un grupo de periodistas que lo abordaron con preguntas sobre su posible conexión con la trama de tráfico ilegal de armas.
Los hechos se desencadenaron cuando Núñez, visiblemente nervioso, empujó y golpeó a los periodistas presentes, centrándose especialmente en la periodista Rocío Pereira da Costa.
El incidente, captado en video, muestra al senador apartando con un golpe el micrófono de Pereira da Costa, mientras gritaba en un tono desafiante.
Este comportamiento agresivo del senador surge en un contexto delicado. Recientemente, se han filtrado partes de la investigación del operativo Dakovo que mencionan la posible participación de un “senador” en reuniones con Diego Dirisio, prófugo y señalado como cabecilla de la red de tráfico de armas.
El vocero de la Fiscalía, Gunter Krone, ha indicado que las transcripciones de las conversaciones interceptadas no mencionan nombres específicos, pero dejan entrever la presencia de un senador en actividades sospechosas relacionadas con el caso. Esta falta de claridad en las transcripciones ha alimentado las especulaciones y la atención mediática hacia Núñez.
La actitud de Núñez ha generado un fuerte repudio en diversos sectores, tanto políticos como sociales. La violencia contra los trabajadores de prensa es un acto condenable que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
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Este incidente no solo plantea serias dudas sobre la implicación del senador en el caso Dakovo, sino que también cuestiona su capacidad para manejar situaciones de presión de manera adecuada.
Además de la preocupación por la agresión a los periodistas, el caso Dakovo se convierte en un tema de interés nacional por las implicaciones que tiene en la política y seguridad del país. La posible participación de un legislador en actividades ilícitas como el tráfico de armas es un asunto de máxima gravedad que requiere una investigación exhaustiva y transparente.
Fuente: ABC Color
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