El presidente Santiago Peña dio una entrevista en Radio Monumental. Foto: @AM_1080.
La propuesta de ley de superintendencia se encuentra en el ojo de la tormenta, con el presidente Santiago Peña y el exgerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley, como protagonistas de un intenso enfrentamiento.
Este conflicto, que se extiende más allá del ámbito legislativo, se ha convertido en un tema central del debate político, social y económico del país.
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Durante una entrevista con Radio Monumental 1080 AM en Mburuvicha Róga, el presidente Peña acusó directamente a Halley de obstruir el avance de la ley en el Congreso como venganza por no haber sido nombrado miembro del Consejo de Administración del IPS.
Según Peña, esta actitud de Halley ha resultado en una campaña de desinformación y boicot contra un proyecto que considera vital para el manejo adecuado de los fondos jubilatorios.
El escenario en el Congreso Nacional fue testigo de la complejidad del debate, donde las manifestaciones de trabajadores y la acción de la oposición llevaron a la falta de cuórum, postergando la discusión de la ley.
A pesar de los contratiempos, Peña se mostró firme en su decisión de no retirar la propuesta, argumentando la necesidad de reformar un sistema que califica de «bomba de tiempo».
El presidente defendió la ley, insistiendo en que el Estado no pretende utilizar los fondos jubilatorios para otros fines, contrario a lo que afirman sus detractores.
Esta postura encuentra respaldo en figuras como el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien también se ha mostrado abierto a realizar modificaciones en el proyecto para llegar a un consenso.
Por su parte, Pedro Halley rechazó las acusaciones de Peña, negando que su oposición al proyecto sea motivada por resentimiento personal. En una entrevista en la misma emisora, Halley expresó su descontento con la actual administración y defendió su postura, argumentando que la ley es un refrito mal elaborado de una propuesta anterior que ya había fracasado.
Halley se centró en criticar aspectos específicos del proyecto, como los artículos 5 y 43, afirmando que permitirían al gobierno acceder indebidamente a los fondos del IPS. Esta posición se alinea con la de diversos sectores de la sociedad, que ven en la ley una amenaza potencial para la integridad de sus jubilaciones.
Fuente: Última Hora
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