El diputado Esteban Samaniego, junto con su esposa Patricia Corvalán y otras 21 personas, han sido imputados por la Fiscalía bajo las acusaciones de administración en provecho propio y asociación criminal. Estos delitos habrían sido cometidos durante el mandato de Samaniego como intendente de Quyquyhó entre 2011 y 2017.
El fiscal Silvio Corbeta, encargado del caso, ha solicitado al Juzgado de Delitos Económicos el desafuero de Samaniego, con el fin de someterlo a proceso judicial. Además, ha pedido el bloqueo de las cuentas bancarias de todos los imputados y medidas para asegurar su comparecencia ante la justicia.
La imputación detalla cómo Samaniego, en su rol de intendente, ordenó pagos directos a su favor, a familiares y terceros cercanos para beneficio propio. También se le acusa de haber favorecido a un conjunto de empresas y personas jurídicas afines a él con adjudicaciones sistemáticas. El monto involucrado asciende a G. 338.595.000, fondos del Banco Nacional de Fomento (BNF), que Samaniego habría desviado para su uso personal. Su esposa, la actual intendenta Corvalán, también habría recibido fondos indebidos, sumando G. 117.500.000.
Por otro lado, el proceso de desafuero del diputado sigue estancado en la Cámara de Diputados. A pesar de un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la solicitud de desafuero, presentada desde agosto pasado, permanece sin ser tratada. Este estancamiento se atribuye al corporativismo dentro del partido Colorado, particularmente el sector cartista, al que pertenece Samaniego.
La lentitud y aparente inacción en el tratamiento del desafuero revelan una posible complicidad y protección dentro de la esfera política, lo que socava la confianza pública en las instituciones del país.
Fuente. Ministerio Público / ABC Color.
