La periodista Mabel Portillo fue denunciada por la intendente Gloria Duarte. Foto: OviedoPress
En Yataity, Guairá, un preocupante caso de censura judicial se ha convertido en el centro de un debate nacional sobre la libertad de prensa. La periodista Mabel Portillo, conocida por su labor crítica y rigurosa, ha sido nuevamente silenciada por la intendenta Gloria Duarte, quien utiliza órdenes judiciales para coartar su trabajo periodístico.
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La última medida judicial, emitida por el juez Marcelo Ramírez, prohíbe expresamente a la periodista “amenazar, coaccionar, amedrentar y acercarse a las víctimas y sus familiares por cualquier medio”.
Esta decisión se produce en un contexto donde Portillo cubría una manifestación ciudadana contra la gestión municipal, acusada de ser pésima y corrupta. Sin embargo, la justicia ha optado por restringir su capacidad de informar, en lugar de investigar las denuncias presentadas.
Este episodio no es aislado. En febrero, una orden similar, dictada por la jueza de Paz Rosa Isabel Alderete, ya había limitado la interacción de Portillo con la intendenta, basándose en acusaciones de malversación de fondos publicadas por la periodista.
Estas acciones judiciales representan un claro intento de intimidación y censura, que va en detrimento de la libertad de expresión y del derecho a la información.
La situación en Yataity es un claro reflejo de cómo se pueden usar herramientas legales para silenciar voces incómodas. La intendenta Duarte niega que estas medidas sean una forma de censura, argumentando ser víctima de acoso y violencia. Sin embargo, es fundamental distinguir entre una defensa legítima y el uso del poder judicial como un instrumento para reprimir la libertad de prensa.
El caso de Portillo es emblemático y debe ser un llamado de atención. Cuando la prensa es censurada, no solo se afecta a un individuo o a un medio, sino que se ataca el corazón mismo de la democracia. Una sociedad informada es la base de cualquier democracia saludable y el periodismo juega un papel crucial en esto.
Es urgente que las autoridades y la sociedad civil se pronuncien en contra de estas prácticas. La libertad de prensa es un derecho fundamental que debe ser protegido y defendido en todas sus formas.
Casos como el de Mabel Portillo demuestran que aún hay mucho por hacer en la lucha contra la censura y la intimidación. La prensa libre no solo es un pilar de la democracia, sino también un guardián esencial contra el abuso de poder y la corrupción. Es momento de actuar para asegurar que este derecho no se vea socavado bajo ninguna circunstancia.
Fuente: ABC Color
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