El caso Berilo, que involucra al supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña y otros acusados, sigue generando controversia. En esta ocasión, el Estado paraguayo se encuentra bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a una denuncia presentada por Cucho y su defensa por supuesta violación de derechos humanos.
La denuncia, radicada por el abogado Nelson López Ruiz en enero pasado, alega que el tiempo en que Cucho permaneció en prisión fue ilegítimo, ya que superó el plazo máximo que la ley establece para la prisión preventiva. Según el abogado, Cucho estuvo privado de su libertad de forma ilegal desde el 7 de septiembre de 2020, en atención al transcurso de los dos años contemplados como plazo máximo. En una segunda alternativa, argumentan que esto ocurrió a partir del 7 de septiembre de 2022, considerando como plazo de duración máxima de la prisión preventiva el equivalente a la duración máxima del procedimiento.
Cabaña fue detenido en el marco del Operativo Berilo el 8 de septiembre de 2018 y estuvo en prisión hasta el 7 de septiembre de 2023, cuando recuperó su libertad. Durante su detención, la Corte Suprema de Justicia rechazó un habeas corpus reparador a su favor, señalando que su prisión aún no había alcanzado el plazo máximo permitido por la ley (5 años).
La audiencia preliminar en el caso Berilo, en la que se debe resolver si la causa va a juicio oral y público, ha sido suspendida en múltiples ocasiones, la última de ellas el pasado 28 de noviembre. La defensa de Cucho planteó un recurso en contra de la providencia por la que el Juzgado de Garantías convocó a las partes, argumentando que la competencia del juez no estaba firme en el momento de fijar la fecha para la preliminar.
Este caso también involucra al exdiputado Ulises Quintana, quien enfrenta acusaciones de asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Según la acusación del Ministerio Público, la organización liderada por Cucho Cabaña introducía cocaína al Paraguay desde Perú o Bolivia y luego la trasladaba al departamento del Alto Paraná, para ser enviada posteriormente a Brasil. Además, el grupo delictivo habría utilizado el sistema financiero paraguayo para lavar dinero ilícito.
La acusación sostiene que Cucho financió a Ulises Quintana con dinero proveniente del narcotráfico para que accediera al cargo de diputado y utilizara su investidura parlamentaria en beneficio de la organización criminal.
El Estado paraguayo tiene tres meses para responder a esta denuncia ante la CIDH, y el resultado de este proceso podría tener un impacto significativo en el caso Berilo y en la situación legal de Cucho y los demás acusados. La audiencia preliminar, que ha sido suspendida en múltiples ocasiones, sigue pendiente, y las implicaciones de este caso en la lucha contra el narcotráfico y la protección de los derechos humanos en Paraguay son temas de debate continuo.
Fuente: ABC Color.
