Política

Senadores debaten veto a ampliación presupuestaria para la Corte Suprema

La sesión ordinaria del Senado de hoy tiene en agenda el análisis del veto ejecutivo al proyecto de ley que expande el presupuesto de la Corte Suprema, impactando las arcas públicas.

César Diesel. Foto: Arcenio Acuña.

El Senado se sumerge hoy en un debate que sacude tanto a la Corte Suprema de Justicia como a las arcas públicas del país. En su sesión ordinaria, los legisladores analizarán la objeción del Ejecutivo al proyecto de ley que busca ampliar el presupuesto destinado a la Corte en más de G. 5.000 millones.

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Esta ampliación presupuestaria tiene como objetivo principal aumentar los salarios y aguinaldos de actuarios judiciales y electorales de diferentes tribunales del interior del país.

El incremento en sueldos y aguinaldos para los meses de octubre, noviembre y diciembre podría tener un impacto económico de G. 22.201 millones, según la objeción total del Poder Ejecutivo. Ante esto, la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, en su mayoría, recomendó rechazar la objeción del Ejecutivo a la ampliación para la Corte Suprema de Justicia.

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El debate en el Senado promete ser tenso. Algunos senadores, como Basilio “Bachi” Núñez, líder de la bancada oficialista, prefirieron abstenerse para no tomar postura.

Por su parte, el senador Sergio Rojas propuso que hoy el plenario se constituya en comisión para evitar discutir el punto, alegando que la reunión de la comisión ya se había excedido en tiempo.

El proyecto de ley busca autorizar una ampliación presupuestaria de G. 5.550.419.810, que serán financiadas con recursos del Tesoro. Además, dispone que los actuarios judiciales y electorales, secretarios o auxiliares de justicia que se encuentren comprendidos en las generales de la Ley Nº 4992/2013, perciban un salario mensual equivalente al 60% del salario correspondiente a jueces de primera instancia, más las bonificaciones correspondientes al cargo.

Con esta ley, los actuarios judiciales pasarían a percibir un salario de G. 8.508.600, lo que representaría un incremento de G. 2.008.600, más bonificaciones por el cargo.

El impacto de esta decisión no solo repercutiría en los bolsillos de los actuarios, sino también en el tesoro público, lo que ha generado este debate en el Senado.

Fuente: ABC Color