El juez penal de garantías, Raúl Florentín, decidirá si el caso, que tiene como principal procesado al extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Edgar Melgarejo Ginard, junto a otras seis personas, es elevado o no a juicio oral por el hecho punible de lesión de confianza.
La semana pasada, el Ministerio Público ratificó su postura de que la causa por supuesta lesión de confianza en la compra de los “tapabocas de oro” por parte de la Dinac debe ser elevada a juicio oral y público. Por otro lado, las defensas de los acusados insisten en cerrar el caso, argumentando que el supuesto perjuicio patrimonial ya fue reparado en su totalidad.
Los fiscales Silvio Corbeta, Natalia Silva y Luz Guerrero han solicitado al juez Florentín que rechace el incidente de nulidad de la acusación presentada por la fiscala adjunta de Delitos Económicos Soledad Machuca. Este recurso incidental fue planteado por el abogado Claudio Lovera en representación de Melgarejo Ginard.
Además de Melgarejo Ginard, los demás acusados en este caso son Marcelo Rubén Ovelar, excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones de Dinac; Fernando Gallardo de Brix, exdirector del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi; Luz Chamorro Báez, exgerente administrativa de la institución estatal, Juan Carlos Turitich Báez, exdirector financiero de la Dinac, y los representantes de la firma Proyectos Global S.A Katherine Pamela Toñánez y Carlos Alberto Vargas Franco.
La Fiscalía Adjunta sostiene que la acusación se basa en el material probatorio recabado durante la investigación, suficiente para contar con la certeza positiva sobre la participación de Edgar Alberto Melgarejo Ginard en la comisión del hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor, y de los demás procesados en grado de complicidad.
El Ministerio Público ha revelado que las mascarillas entregadas por la empresa Proyectos Global S.A., parte del caso “tapabocas de oro”, son de menor calidad a lo certificado en su oferta. Según la Fiscalía, la empresa, conocedora de la situación, presentó un certificado de aprobación de calidad para el modelo de mascarilla CG421V, pero entregó 4.000 unidades del modelo CG301, retirado del mercado en diciembre de 2017 por falta de aprobación.
La jueza penal de garantías, Diana Carvallo, en abril pasado, aplicó un trámite de oposición al allanamiento del fiscal Juan Ledesma a la petición de suspensión condicional del procedimiento que presentaron las defensas de los acusados. Esta decisión pone en evidencia la complejidad del caso y la resistencia judicial a cerrarlo sin un juicio formal.
En abril de 2021, los fiscales Sussy Riquelme y Juan Ledesma presentaron una acusación en la que describieron un “esquema delictivo” montado en la Dinac para desviar fondos públicos en la compra de las mascarillas. Según ellos, las mascarillas se adquirieron a un precio superior al valor del mercado y, además, estaban vencidas al momento de la adquisición, causando un perjuicio patrimonial de G. 119.960.000.
Según la acusación, los representantes de la empresa Proyectos Global S.A., Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Franco Vargas, conocían de antemano el esquema para ofrecer las mascarillas a la Dinac. La Fiscalía sostiene que ellos completaron el circuito con su presentación de oferta el 27 de marzo de 2020, en las oficinas de la Dinac.
Fuente: ABC Color.
