Foto: Gentileza.
Jubilados y trabajadores se manifestaron este viernes frente a la casa del senador Dionisio Amarilla, quien es uno de los proyectistas de la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Esta protesta se llevó a cabo en respuesta al anuncio del orden del día para la sesión del 6 de diciembre en la Cámara de Senadores, donde se menciona el tratamiento del proyecto de ley.
Durante la manifestación, los participantes realizaron un escrache frente a la residencia del senador liberal, lanzando papel higiénico como símbolo de repudio hacia su figura. Amarilla es considerado afín y servil al Partido Colorado, lo que ha generado descontento entre los manifestantes.
El proyecto de ley ha generado rechazo en diversos sectores, quienes argumentan que su aprobación pondría en riesgo los fondos jubilatorios y violaría varios artículos de la Constitución Nacional. Según el proyecto, los recursos previsionales podrían ser utilizados para financiar necesidades del Estado, como deuda externa, déficit interno o programas gubernamentales.
Celeste Houdin, dirigente de la Acción Sindical Clasista, explicó que este año se presentaron dos proyectos de ley relacionados con las jubilaciones, uno por parte del senador Dionisio Amarilla y otro por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo. A pesar de haberse llevado a cabo tres audiencias públicas donde se rechazó la propuesta de ley, los trabajadores y jubilados sienten que no han sido escuchados.
Los manifestantes consideran que el proyecto es anticonstitucional, ya que busca utilizar fondos que no pertenecen al Estado, sino a los trabajadores. Exigen el retiro del proyecto de Ley de Jubilaciones y también repudian a aquellos dirigentes que consideran que han entregado la lucha en favor de los trabajadores.
Además, piden que se investigue y se recupere el dinero robado del Instituto de Previsión Social (IPS) y que el gobierno se ocupe de los trabajadores no formalizados. También exigen que el Ministerio de Trabajo deje de proteger a las empresas que no pagan el IPS y que el Estado cumpla con su deuda con la seguridad social.
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En este sentido, Houdin señaló que los dueños de los aportes, es decir, los trabajadores y jubilados, deberían ser quienes estudien un proyecto que no perjudique a los fondos de jubilación. Sin embargo, expresó desconfianza hacia los actuales y futuros administradores de los fondos, alegando que no pueden confiar en quienes han tenido un manejo cuestionable hasta ahora.
La movilización del martes pasado, en la que participaron unas 3.000 personas de 67 organizaciones sindicales, civiles y políticas, también expresó su rechazo al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones. Los jubilados se oponen a que un solo ente sea responsable de la administración de los fondos y consideran que esta función no puede recaer en una sola institución.
Cabe destacar que el Gobierno, empresarios y un grupo de sindicatos firmaron recientemente un acuerdo para presentar un nuevo proyecto de ley de pensiones y avanzar en reformas en la seguridad social. Este acuerdo busca garantizar los fondos de los trabajadores y asegurar un uso adecuado de los mismos, así como establecer un seguro social universal con reglas más uniformes y mayor acceso para todos los trabajadores.
Fuente: Última Hora.
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