Cumbre. Peña lanzó la estrategia de lucha contra la corrupción firmada por autoridades.
En un contexto donde la transparencia y la lucha contra la corrupción son temas centrales en la agenda política, un proyecto de ley fundamental permanece estancado en el Congreso, generando un clima de incertidumbre y tensión entre distintos poderes del Estado.
Este proyecto, que busca eliminar la potestad del Tribunal de Cuentas de recibir la rendición de gastos de las instituciones, evitando así los controles de la Contraloría, se encuentra retenido en la Cámara de Diputados, bajo la supervisión del presidente Raúl Latorre.
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La propuesta, que modifica el artículo 30 de la Ley 879/1981 del Código de Organización Judicial, fue una iniciativa impulsada por el contralor Camilo Benítez y presentada por los diputados Carlos María López, Jorge Ávalos Mariño y el ex legislador Édgar Acosta.
Su sanción se produjo en septiembre, pero desde entonces, la decisión política de retener el proyecto ha suscitado sospechas y críticas. Fuentes cercanas al Palacio de Justicia señalan que esta retención podría estar motivada por intereses de altos cargos judiciales que buscan evitar la promulgación de la ley y mantener una vía para el blanqueo de corrupción pública.
El escenario se complica aún más con la elección de César Emilio Diesel Marín, hijo del presidente de la Corte, César Diesel, como juez del Tribunal de Cuentas, a pesar de su bajo puntaje y afiliación partidaria, violando el artículo 238 del Código de Organización Judicial. Esta situación ha avivado las preocupaciones sobre la imparcialidad y la independencia del sistema judicial.
El proyecto, en su esencia, busca que la evaluación de las cuentas de los Organismos y Entidades del Estado esté exclusivamente a cargo de la Contraloría. Esto representa un cambio significativo en el proceso de fiscalización, ya que actualmente un centenar de instituciones, incluyendo la Fiscalía General, la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Justicia Electoral, eluden las auditorías de la Contraloría enviando sus documentaciones al Tribunal de Cuentas.
La versión aprobada en la Cámara de Senadores establece que los documentos ya remitidos al Tribunal de Cuentas se sustancien en el lugar, mientras que la versión de Diputados dicta que, sancionada la ley, el Tribunal remitirá a la Contraloría todas las documentaciones en su poder. Esta diferencia en las versiones ha generado un punto de conflicto adicional en el proceso legislativo.
La retención de esta ley no solo afecta la transparencia en la gestión de los recursos públicos, sino que también pone en duda la voluntad del Estado para combatir la corrupción.
El pasado 23 de noviembre, el presidente Santiago Peña lanzó la estrategia nacional de combate a la corrupción, firmada por los tres poderes del Estado y extrapoderes.
Sin embargo, la paralización de esta ley en el Congreso, por parte de los mismos firmantes, plantea interrogantes sobre la efectividad y la seriedad de estas iniciativas.
Fuente: Última Hora
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