El cartismo ha presentado un proyecto de ley que ha despertado críticas y preocupaciones entre las organizaciones de la sociedad civil en Paraguay. Según Dante Leguizamón, secretario general de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), este proyecto busca limitar la participación de estas organizaciones en la elaboración de políticas públicas.
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El proyecto propone que la financiación de las organizaciones de la sociedad civil sea absorbida por el Presupuesto de la Nación. Esta medida ha sido interpretada como un intento de controlar los fondos que reciben estas organizaciones, pudiendo restringir su capacidad para influir en las políticas públicas.
La propuesta ha generado rechazo en una audiencia pública en el Congreso, donde se argumentó que el proyecto “prohíbe expresamente a las instituciones del Estado realizar acuerdos y convenios con organizaciones de la sociedad civil cuyo presupuesto no haya pasado por el Presupuesto General del Estado”. Esta restricción podría dificultar la participación de la sociedad civil en la discusión y formulación de políticas públicas.
Aunque Leguizamón concuerda en que las organizaciones que reciben fondos públicos deben estar sujetas a controles, sostiene que el proyecto de ley presenta “muchas deficiencias”. Entre ellas, señala la propuesta de crear un Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, cuando ya existen al menos cuatro registros similares.
El secretario general de Codehupy también cuestionó la lógica de obligar a las organizaciones a introducir su presupuesto en el Presupuesto General de la Nación para poder participar en la discusión de políticas públicas.
Concluyó que la cooperación internacional no impone los proyectos a realizar, sino que son las ONG de Paraguay las que elaboran sus proyectos y buscan financiación en función de ellos.
Fuente: ABC Color
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