En una propuesta que causó revuelo en el Congreso, el diputado cartista Yamil Esgaib defendió la reducción de hasta el 50% de la pena carcelaria a funcionarios públicos condenados por corrupción. Según él, estos individuos “no son peligrosos”, especialmente si devuelven lo robado.
El proyecto de ley, que modificaría el Artículo 67 de la Ley N° 1160/97, el Código Penal, estaba programado para ser examinado en la sesión del miércoles. Sin embargo, Esgaib confirmó que solicitará la postergación del estudio para acordar más detalles relacionados con el porcentaje de devolución del dinero y de reducción de penas.
Este proyecto tiene como objetivo principal dotar a la Justicia y al Ministerio Público de más herramientas. Además, Esgaib ve en él una oportunidad para recuperar el dinero de la administración pública y dar a los culpables la posibilidad de reducir su tiempo en prisión.
Para Esgaib, los funcionarios corruptos no representan una amenaza criminal para la sociedad. Son delitos económicos y, según él, estos individuos no pondrían en riesgo la vida de los ciudadanos si volvieran a las calles. Por lo tanto, consideró que es preferible recuperar el dinero robado y reducir el tiempo que estos funcionarios pasan tras las rejas.
El diputado enfatizó que, a pesar de la reducción de la pena, los condenados deberán cumplir su condena y enfrentar la “vergüenza” de sus acciones. Además, quedarán inhabilitados para ocupar un puesto en la función pública.
Esgaib dijo que aún se deben pulir algunos detalles del proyecto, como el porcentaje exacto del dinero que debe ser devuelto. Pero para él, lo más importante es que ya se incluyó en la agenda parlamentaria.
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El historial de Esgaib no está exento de controversia. Recientemente volvió al Congreso tras una suspensión por mala conducta, después de maltratar a sus colegas y afirmar que quería golpear a una senadora. No obstante, esa no es la única mancha en su expediente.
Yamil Esgaib Mansia, empresario de juegos de azar y exconcejal de Asunción, fue señalado anteriormente por nepotismo tras contratar a sus hijos y a su madre durante su mandato. En julio de 2020, fue acusado de amenazar a policías que habían intervenido en una denuncia de aglomeración en uno de sus casinos en Ciudad del Este. Además, en marzo de 2021, dos de sus casinos fueron allanados por explotar las apuestas deportivas sin licencia de la Conajzar.
Fuente: ABC.
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