Una extensa investigación realizada por Última Hora ha puesto al descubierto un alarmante fenómeno en Paraguay: el desvío de 17.369 armas, inicialmente importadas de manera legal, hacia el mercado negro. Este hecho plantea serias preocupaciones sobre la seguridad nacional y regional.
Las armas, que representan el 41% del total importado legalmente en los últimos cuatro años (unas 41.000 unidades), han evadido el control de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), según datos del Sistema Integrado de la Dimabel. Estas armas, que incluyen pistolas y fusiles, fueron vendidas a distintas casas comerciales y desde allí, su rastro se desvanece.
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Asunción y Central son los principales puntos de fuga, con 11.939 armas desaparecidas. La ciudad de Pedro Juan Caballero destaca en este escenario, con una sola empresa comercial responsable de la desaparición de 3.813 armas. Esta situación se replica en diversas localidades, evidenciando un patrón preocupante.
La oficial Bruna Paz, de la Policía Rodoviaria en Foz de Yguazú, Brasil, informa que en su unidad se han incautado 73 armas provenientes de Paraguay solo este año. Estas incautaciones revelan la utilización de métodos ingeniosos para el tráfico de armas, incluyendo el uso de mulas y vehículos con compartimentos ocultos.
Combate al crimen organizado.
«Trabajamos muy coordinadamente con el equipo de seguridad. Dentro de ese marco uno de los frentes es el tráfico de armas. Porque se encontraron armas procedentes de Paraguay en Río de Janeiro».
Enrique Riera – ministro del Interior.#COCPy pic.twitter.com/TCRUWcWhot
— Trece (@trecepy) October 29, 2023
A pesar de los estrictos requisitos para la compra de armas en Paraguay, la ausencia de un límite en la cantidad de armas que una persona puede poseer parece ser un vacío legal explotado por traficantes. Además, las penas por tráfico de armas en el país son comparativamente bajas, con un máximo de cinco años de cárcel.
En respuesta a esta crisis, Paraguay ha suspendido las importaciones de armas desde noviembre. Sin embargo, Hugo Villamayor, presidente de ALPAP, advierte que esta medida podría impactar negativamente a los ciudadanos respetuosos de la ley y beneficiar al crimen organizado.
Fuente: Última Hora
