la Cámara de Diputados ha sido el escenario de una decisiva y controvertida decisión: el rechazo a la intervención de tres municipios gobernados por intendentes del partido Colorado, específicamente del ala cartista.
La sesión ordinaria de la Cámara se convirtió en un hervidero de tensiones y estrategias políticas. Las solicitudes para intervenir en los municipios de Tomás Romero Pereira (Itapúa), San José del Rosario (San Pedro) y Carapeguá (Paraguarí) fueron objeto de un minucioso análisis por comisiones especialmente designadas.
Estas comisiones, tras deliberaciones y visitas de verificación técnica, presentaron sus dictámenes, inclinándose mayoritariamente por el rechazo a las intervenciones propuestas.
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Este desenlace ha generado un amplio espectro de reacciones. Por un lado, hay quienes ven en esta decisión un acto de prudencia legislativa, evitando lo que consideran una innecesaria injerencia política en la administración local.
Por otro lado, críticos argumentan que este rechazo es una muestra de la influencia política y la protección de intereses partidarios sobre el bienestar y la transparencia administrativa de los municipios involucrados.
El caso de Tomás Romero Pereira es particularmente emblemático. La comisión, liderada por el diputado Edgar Olmedo (ANR-Caaguazú), realizó una revisión de las acusaciones, encontrando insuficientes evidencias para justificar una intervención.
Sin embargo, este hallazgo no ha estado exento de polémica, ya que algunos sectores acusan a la comisión de realizar un análisis superficial y no abordar la profundidad de los problemas denunciados, tales como la presunta utilización de maquinarias públicas en proyectos personales.
En San José del Rosario, el debate estuvo igualmente cargado de tensiones. El diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro) se pronunció a favor de la intervención, señalando la corrupción como un problema endémico y destacando la alta tasa de pobreza en la región.
A pesar de su apasionado llamado, la mayoría optó por el rechazo, basándose en la falta de denuncias formales y evidencia concluyente.
Esta serie de decisiones no solo marca un punto crítico en la gestión política de los municipios afectados, sino que también pone de relieve las complejas dinámicas de poder y la polarización política.
Fuente: El Nacional
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