El Ministerio Público ha tomado medidas proactivas para abordar la violencia de género en el país, con una reciente capacitación centrada en la investigación de feminicidios. Esta iniciativa llega en un momento crítico, ya que hasta octubre se han registrado 34 casos de feminicidio, 77 intentos de feminicidio y 29000 casos de violencia familiar.
La capacitación fue dirigida a funcionarios y fiscales, proporcionándoles herramientas esenciales para apoyar la investigación de estos delitos graves. El Protocolo de Investigación en casos de Feminicidio, que es obligatorio y aprobado por resolución de la Fiscalía General del Estado, estuvo en el centro de la formación.
La agente fiscal Claudia Aguilera, con vasta experiencia en casos de feminicidio, dirigió la capacitación. Resaltó la necesidad de basar las investigaciones en estándares tanto internacionales como nacionales para garantizar una persecución penal efectiva en estos casos.
Además, se llevó a cabo una discusión sobre el acoso sexual, dirigida por la agente fiscal Natalia Silva. Estas sesiones buscan fortalecer la capacidad investigativa en actos de violencia contra las mujeres. También se realizaron conversatorios sobre la violencia familiar y el perfil de las víctimas, dirigidos por Jessica Ochoa, presidenta de la Asociación de Psicólogos Forenses.
Otra capacitación relevante se centró en el perfil psicológico del agresor, dirigida por el psicólogo forense Nicolás Garcete, jefe del área de Salud Mental del Ministerio Público. Garcete expuso sobre la violencia como conducta, sus patrones e indicadores en este tipo de relaciones.
Es crucial entender que la violencia engloba actos o acciones sistemáticas que pueden resultar en daño psicológico, físico o sexual. Además, incluye amenazas, coacción, privación de libertad u otros tipos de daños en la vida pública, laboral o privada de las personas.
La Oficina Técnica de Género y el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público promueven estas capacitaciones y conversatorios. Su objetivo es proporcionar herramientas que impulsen la investigación de los casos de violencia, permitiendo un abordaje integral y facilitando a las víctimas el acceso a la justicia.
Fuente: El Nacional.
