Foto: Gentileza.
Esta mañana se llevó a cabo la apertura de tres cajas fuertes en las instalaciones del Grupo Tapyracuai SA, empresa situada en el barrio Campo Grande de Asunción y vinculada al escándalo de lavado de dinero y asociación criminal.
La jueza penal de garantías especializada en crimen organizado, Rosarito Montanía, junto con el fiscal de Narcotráfico, Deny Yoon Pak, y los 14 acusados por el caso, junto con sus respectivos abogados defensores, se constituyeron en el local de la empresa como parte de las diligencias dentro de la audiencia preliminar.
El Grupo Tapyracuai SA está relacionado con Alberto Koube Ayala, quien presuntamente habría constituido esta sociedad con capital aportado por el uruguayo y prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera. En el marco de la investigación del caso A Ultranza, el fiscal Yoon Pak propuso como uno de los elementos de prueba las tres cajas fuertes del establecimiento, conocido por la venta de autos de alta gama y embarcaciones.
En conversación con ABC Cardinal, la jueza Montanía explicó que durante el desarrollo de la audiencia preliminar, que inició el pasado 12 de septiembre, el agente del Ministerio Público indicó que “no tenía muchas esperanzas de que haya cosas ahí, pero debía realizarse la apertura, ya que eventualmente podrían encontrarse cosas vinculadas a la investigación, como documentos”.
Las tres cajas fuertes en el Grupo Tapyracuai SA, que se esperaba contuvieran pruebas relevantes, resultaron estar vacías. Alberto Koube Ayala, principal vinculado al grupo empresarial, no proporcionó ninguna llave ni combinación para las cajas, lo que obligó a la Fiscalía a contratar un cerrajero para su apertura.
La jueza Rosarito Montanía explicó que, pese a la expectativa, no se encontraron documentos ni elementos que puedan servir en el caso dentro de las cajas fuertes. Sin embargo, reiteró que la apertura era necesaria, ya que las defensas habían manifestado la necesidad de conocer su contenido.
Tras la inspección de las cajas fuertes, la comitiva y los acusados se trasladaron a la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), donde existen otros elementos ofrecidos por la Fiscalía como pruebas. Estos serán evaluados en cuanto a su relevancia para un eventual juicio.
Entre los primeros acusados en el caso A Ultranza se encuentran Conrado Ramón Insfrán Villar, hermano de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, presunto líder de una red narco en Paraguay; y Alberto Koube Ayala y su hermana Fátima Irene Koube Ayala, ambos miembros del grupo empresarial Tapyracuai SA. También se acusa a Job Von Zastrow Masi, presunto piloto de la organización, y a Luis Fernando Sebriano González, alias “Sipri”, encargado de la logística.
Asimismo, Liz Fabiola Taboada Gamarra, pareja del presunto piloto y dueño de al menos 13 aeronaves Gilberto Esteban Sandoval Giménez, está acusada de alertar a su marido sobre las intervenciones de las comunicaciones telefónicas. María Noelia Colmán Alarcón, pareja sentimental de Alberto Koube, también ha sido acusada por presuntamente beneficiarse de las ganancias del tráfico de estupefacientes.
El fiscal Deny Yoon Pak ha presentado nuevas acusaciones contra varios individuos en relación con la red de narcotráfico y lavado de dinero que está siendo investigada.
Entre los acusados se encuentra Reina Mercedes Duarte Aguilera, alias “Merchi”, quien supuestamente actuó como enlace entre Marset y el Clan Insfrán, principales responsables del esquema de narcotráfico. Merchi también fue administradora de varias empresas, incluyendo la empresa de transporte “San Jorge”, propiedad del ex pareja de Duarte Aguilera.
También se han presentado cargos contra Tadeo Moisés González Zárate, Alexis Vidal González Zárate y su pareja, Irma Vergara, alias “Menchy”. Todos ellos serían parte de la empresa Total Cars y del Grupo San Jorge SA y se les acusa de haber ayudado en el esquema de lavado de dinero y la creación de nuevas empresas para este fin.
Una figura política también se encuentra entre los acusados: el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godoy. Según las acusaciones, desde su puesto en la Comisión Directiva de la Cooperativa San Cristóbal, habría facilitado préstamos a miembros del clan Insfrán, permitiendo así la introducción de capital proveniente del narcotráfico al sistema financiero legal.
Finalmente, José Enrique Gamarra Villalba y Diego José Cubas Jordan también han sido acusados. Gamarra Villalba registró a su nombre bienes adquiridos por Gilberto Sandoval, incluyendo una aeronave y un inmueble. Por otro lado, Cubas Jordan fue identificado como un elemento clave en la organización criminal, encargado de los viajes ilícitos en avión para el transporte de drogas.
Fuente: ABC Color.
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