En una decisión que causó revuelo, la Cámara de Senadores sancionó la ley que establece medidas extraordinarias y autoriza un endeudamiento por USD 600 millones. Esta decisión llega después de días de turbulencia en el Congreso, con los principales del Legislativo y del Ejecutivo mostrándose muy unidos.
La reciente decisión de la Cámara de Diputados de devolver a la Cámara de Senadores el proyecto de ley que otorga “superpoderes” al presidente de la República, Santiago Peña, causó un gran revuelo. El proyecto permitiría a Peña emitir hasta USD 600 millones para pagar las deudas acumuladas de los ministerios de Salud Pública y de Obras Públicas.
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Los diputados eliminaron el artículo que pretendía que el Ministerio de Hacienda absorbiese los fondos de Fonacide y royalties de las municipalidades y gobernaciones en falta. Esto se interpretó como una medida para proteger los fondos de sus feudos electorales del Ejecutivo.
Sin embargo, esta decisión despertó críticas por parte de la oposición, quienes advirtieron de una posible inconstitucionalidad de la norma. Temen que este endeudamiento masivo pueda ser un avance hacia una dictadura.
Sesión en la Cámara de Senadores.
Aprueban proyecto que concede atribuciones del Congreso Nacional al Presidente.#NPY #NosConecta pic.twitter.com/ytqm8zsEAo
— NPY Oficial (@npyoficial) November 8, 2023
El proyecto de ley “por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas” fue aprobado con modificaciones, según dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. Se eliminó el artículo 4º del proyecto del Senado, que afectaba fondos de municipios y gobernaciones, y parte del artículo 8º, considerado “redundante”, que hablaba de investigar y castigar penalmente a los responsables de la deuda que se cubrirá con los nuevos bonos.
Se estima que la suma total de los fondos que no se tocarán, provenientes de Itaipú y Yacyretá, el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), y las concesiones otorgadas para la explotación de las diversas modalidades de juegos de azar, sería de unos USD 30 millones.
Pese a estas reformas, se mantiene la parte de la ley que es cuestionada por su presunta “inconstitucionalidad”, ya que cede al Ejecutivo atribuciones exclusivas del Congreso, sobre todo las referentes a realizar reprogramaciones presupuestarias y aprobar créditos y emisión de bonos.
Fuente: El Nacional.
