El exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Daniel Roa Burgos, y el empresario Alberto Koube Ayala enfrentan nuevas imputaciones en el marco del caso A Ultranza Py.
Roa, que ya estaba siendo investigado por cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, ahora también es imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. La decisión fue tomada por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Silvio Corbeta.
Por otro lado, Koube, que ya estaba imputado por soborno agravado y lavado de activos, ha sido acusado ahora también por lesión de confianza en calidad de cómplice, así como por asociación criminal. Este último cargo es compartido con otras 13 personas en el caso A Ultranza Py, que aún se encuentra en fase de audiencia preliminar.
Todo esto surge a partir de los allanamientos realizados durante el operativo “A Ultranza Py”, que resultó en la inmovilización de una embarcación llamada “Antares”, propiedad de la empresa Tapyracuai SA, representada por Koube. Se sospecha que Roa habría recibido esta embarcación a cambio de redireccionar licitaciones a favor de la empresa.
En medio del escándalo, Joaquín Roa presentó su renuncia al cargo de ministro. Posteriormente, el 26 de abril, fue imputado, basándose en elementos que sugerirían que durante su paso por la función pública habría recibido beneficios indebidos de parte de Koube, con quien mantendría una relación de amistad.
Se ha descubierto que durante el periodo en que Joaquín Roa estuvo al frente de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), entre 2013 y 2022, habría favorecido sistemáticamente a su amigo Alberto Koube con la adjudicación de licitaciones millonarias.
Se estima que el valor total de estos contratos supera los G. 16.000.000.000. Este dinero, proveniente de fondos públicos, habría sido utilizado para obtener beneficios económicos indebidos.
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Las empresas beneficiadas con estas licitaciones son todas vinculadas a Koube. Entre ellas se encuentran Grupo Tapyracuai SA, JPA Logística, Noemacol, Sofimac y otras entidades empresariales relacionadas. Todo esto sugiere un patrón de conducta delictiva, donde Roa y Koube se habrían asociado con el objetivo de desviar fondos de la SEN.
Además de las sumas de dinero, este esquema de corrupción habría permitido a Roa obtener una embarcación “AZ 42” valorada en US$ 450.000.
En el periodo entre 2018 y 2021, se adjudicaron un total de 11 licitaciones a empresas vinculadas a Koube. Los contratos oscilaban entre G. 1.170.000.000 y G. 1.800.000.000 por el alquiler de camiones, y hasta G. 2.310.000.000 a la firma Katerine Ayala por la provisión de chapas.
Fuente: ABC Color.
