En Paraguay, la educación universitaria se ha convertido en un tema de debate y preocupación. Recientes investigaciones han sacado a la luz una serie de irregularidades y posibles actos de corrupción que afectan la calidad y la legalidad de los títulos universitarios en el país.
Este fenómeno no solo mancha la reputación de instituciones educativas, sino que también pone en duda la integridad del sistema educativo superior en su conjunto.
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La Universidad Sudamericana se ha visto en el centro de la polémica tras otorgar en 2020 un único título de abogado al senador cartista Hernán Rivas Román, quien fue representante de los senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Sin embargo, Rivas solicitó permiso para dejar el JEM tras serias dudas sobre la legalidad de su título.
Este no es un caso aislado. El presidente del JEM, el diputado cartista Orlando Arévalos Zielanko, también enfrenta acusaciones similares. Arévalos afirma haber obtenido su título en la Universidad Leonardo Da Vinci en 2014, pero las denuncias persisten.
El escenario actual de la educación superior en Paraguay presenta un panorama desalentador. El país cuenta con 46 universidades privadas, excluyendo a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y sus filiales, que ofrecen un total de 4.508 carreras. Muchas de estas carreras se ofrecen en diversas sedes, lo que ha llevado a una saturación y a la duda sobre la calidad educativa que se imparte.
La falta de control y fiscalización ha permitido que se creen nuevas universidades sin cumplir con los requisitos mínimos, afectando directamente a la credibilidad del sistema educativo. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Misiones (Unamis) fue aprobada en diciembre de 2020 sin pasar por los procesos de revisión y acreditación necesarios.
Asimismo, el levantamiento de la clausura de la carrera de Medicina en la Universidad María Serrana en octubre de 2023, pese a las irregularidades detectadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), ha generado gran controversia y ha puesto en duda la rigurosidad de los procesos de acreditación y control en las universidades privadas.
Además, varios políticos están vinculados con este “negocio” de las universidades privadas, lo que plantea un conflicto de intereses y cuestiona la independencia y la transparencia del sistema educativo superior. La educación universitaria en Paraguay se enfrenta a un momento crítico, donde es esencial reevaluar y reformar las estructuras y procesos para garantizar la calidad y la integridad de la formación académica.
Fuente: ABC Color
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