La Cámara de Diputados dio su aprobación a las enmiendas propuestas para el uso de tobilleras electrónicas en personas en conflicto con la ley. La decisión, que modifica varios aspectos de la ley original promulgada en 2017, supone un cambio significativo en la forma en que el sistema jurídico paraguayo maneja a los procesados.
La ley inicial, que establecía la implementación de estos dispositivos de control electrónico, no se había puesto en práctica debido a la falta de claridad sobre cómo llevarla a cabo. Sin embargo, con estas nuevas modificaciones, ahora se estableció que el Ministerio del Interior será el encargado de comprar estos dispositivos y que el costo recaerá sobre el Estado en caso de que el procesado se declare insolvente.
Esta última cláusula generó cierto debate entre los legisladores, algunos de los cuales argumentaban que el costo de las tobilleras debería ser asumido por los propios procesados. Sin embargo, finalmente se llegó a un consenso para permitir su uso en personas insolventes, siempre que puedan demostrar su situación financiera y cumplan con las condiciones establecidas.
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La diputada Rocío Vallejo explicó que “se otorga potestad al juez para evaluar la situación de solvencia de cada afectado, de modo que, si tienen la posibilidad, se encarguen de pagar por las tobilleras”. Además, destacó que otra modificación fundamental es que las tobilleras podrán ser aplicadas a personas procesadas por crímenes, siempre y cuando se reúnan las condiciones establecidas por el juez del caso.
Concretan media sanción del proyecto que modifica ley de utilización de tobilleras electrónicashttps://t.co/vhjRqJltXd pic.twitter.com/YRJKjyvHr6
— Cámara de Diputados (@DiputadosPy) November 1, 2023
El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el pasado 5 de octubre el decreto reglamentario de la Ley 6568, que autoriza el uso de dispositivos electrónicos de control, sean pulseras, tobilleras u otro medio idóneo similar que pueda ser adherido al cuerpo del procesado.
Esta medida es vista como una herramienta que permitirá realizar un control adecuado de aquellas personas beneficiadas judicialmente, permitiendo que sean monitoreadas y cumplan efectivamente con las medidas impuestas.
Según el documento, la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control, dependiente del Ministerio del Interior, será la encargada de administrar el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simdec).
Fuente: Última Hora.
