Hernán David Rivas tiene todavía mucho que explicar a la Justicia sobre su presunto falso título de abogado. Foto: Virgilio Vera
Un grupo de destacados abogados ha enviado una nota a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo la investigación del legajo académico del senador Hernán David Rivas.
Los juristas solicitan que se suspenda de manera cautelar su matrícula de abogado y, si se confirma la presunta falsedad de su título, que se anule por completo.
La situación planteada por estos abogados es grave y podría tener serias implicaciones para la justicia. En su nota, los juristas señalan que la presunta falsedad del título de Rivas no es solo un hecho gravísimo sino que también puede verse como una estafa a la máxima instancia judicial del país.
Para los abogados, esta situación representa un claro menosprecio al esfuerzo de aquellos profesionales del derecho que han concluido su carrera con sacrificio y honestidad. A su vez, el hecho de que Rivas fuera representante titular de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) agrega una capa de gravedad a la situación.
Los juristas están indignados y preocupados por este hecho, que consideran una afrenta a la institucionalidad republicana, a la independencia del Poder Judicial y a la credibilidad de la Justicia. Además, advierten que de confirmarse esta irregularidad, podría tener un efecto expansivo y poner en riesgo la defensa de la libertad y el patrimonio de los ciudadanos.
En su nota, los abogados instan a la Corte Suprema a investigar y sancionar a todas las personas que hayan sido habilitadas de manera irregular para ejercer la profesión de abogado.
Solicitan a la Corte dar señales claras de saneamiento institucional, lo que incluye tener por formalmente denunciada la presunta falsedad del título de Hernán Rivas, investigar su legajo académico y suspender cautelarmente su matrícula.
El caso de Rivas podría ser solo la punta del ovillo de un esquema criminal más amplio, que incluiría el lavado de dinero, la evasión impositiva y la producción de documentos no auténticos o de contenido falso.
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