Los bosques de Paraguay se encuentran en el centro de un intenso debate político. El presidente Santiago Peña firmó hoy la Ley “de los créditos de carbono”, una normativa que busca regular el mercado de carbono y compensar las emisiones de dióxido de carbono de empresas contaminantes internacionales.
La ley, que fue apoyada incluso por aquellos legisladores cartistas que la tildaron de “globalista”, establece que quienes quieran operar con estos bonos deben pagar un canon de hasta 500 jornales para inscribirse en el registro. Las comunidades indígenas, sin embargo, están exentas de este cobro.
A pesar de los 60 votos a favor en la Cámara de Diputados, la Ley no está exenta de controversia. Johanna Ortega, diputada de País Solidario, sugirió incluir mecanismos para garantizar la consulta a los pueblos originarios, a fin de evitar demandas por violación de derechos humanos.
Por su parte, Miguel Martínez, diputado de la ex Cruzada Nacional y auto declarado “libertario”, criticó que se otorguen beneficios a organizaciones no gubernamentales y empresas internacionales.
En medio de las críticas, los oficialistas defienden la Ley, argumentando que el artículo 8º asegura que la participación real de mano de obra paraguaya en cada proyecto no debe ser menor al 50%.
Diversas opiniones profundizan sobre el tema aquí y aquí.
Fuente: ABC Color
