Firme. Marco Aurelio González reafirmó que las tierras de Remansito son de Defensa. Foto: Captura ÚH
La irregularidad en la distribución y propiedad de tierras en Paraguay ha sido un problema persistente que alcanza un nuevo pico con el caso de la finca 916 en Remansito.
Este escenario ha impulsado al Gobierno a reconsiderar la unificación de los sistemas registrales, es decir, la fusión de Registros Públicos y Catastro, como una solución viable y necesaria.
El procurador Marco Aurelio González, en el programa Políticamente Yncorrecto, subrayó la insuficiencia del sistema actual para manejar las complejidades del registro y propiedad de tierras en el país.
El caso Remansito, representado emblemáticamente por la finca 916 de Villa Hayes, ha servido como un catalizador para esta iniciativa gubernamental, propuesta por Santiago Peña.
La fusión de estos registros permitirá una interacción fluida entre Catastro y Registros Públicos, facilitando la resolución de situaciones de superposición y otros dilemas asociados a la propiedad de tierras.
González indicó que ya se ha encargado un equipo de trabajo para buscar alternativas de regularización y avanzar en la creación de un registro único nacional, aunque se tiene mucha resistencia:
El epicentro de esta crisis, la finca 916, resalta la urgencia de esta unificación. Las 131 hectáreas en conflicto, según el procurador, son tierras públicas, transferidas al Ministerio de Defensa, y no hay pruebas que respalden lo contrario.
Este caso ha resaltado la inseguridad jurídica en la compra de propiedades en Paraguay, donde la superposición de propietarios ha sido una problemática común.
Francisco Segura, abogado especialista en derecho civil, pone en relieve una cifra alarmante: entre el 30% al 60% de los inmuebles se encuentran en situaciones de superposición de propietarios debido al uso de contratos privados de compraventa, que no tienen valor legal.
El caso también ha puesto en marcha acciones legales para recuperar las tierras del Estado, con la Procuraduría General de la República (PGR) tomando la iniciativa y la Unidad Especializada de Delitos Económicos del Ministerio Público analizando los posibles tipos penales en la ocupación VIP de estas tierras.
Fuente: Última Hora
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