Foto: Lucia González. ABC Color.
El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, Humberto René Otazú Fernández, ha impuesto medidas alternativas a la prisión para Marta Regina Benítez Morínigo, exviceministra de Finanzas del MOPC, y Guillermo Alcides Alcaraz Reisenger, exgerente del Metrobús. Ambos están procesados por lesión de confianza en relación con el fallido proyecto Metrobús.
El magistrado dictó varias medidas de vigilancia que ambos procesados deben cumplir. Entre estas, la obligación de residir en el domicilio que fijaron y presentarse en los primeros 10 días de cada mes ante el juzgado. Además, no pueden cambiar de número de celular y deben informar con cinco días de anticipación sobre la salida del país y cinco días después del ingreso al país.
En cuanto a las fianzas, para Marta Benítez, el juez aceptó la fianza personal ofrecida por Ana María Benítez de Kronawetter hasta cubrir la suma de G. 330.000.000. Para Guillermo Alcaraz, se admitió la fianza personal de Joaquín Simón Valiente hasta cubrir el mismo monto.
Ambos están imputados por el hecho punible de lesión de confianza, junto con Ramón Milciades Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), bajo cuyo mandato se iniciaron las obras del fallido proyecto del metrobús.
Por otro lado, la fiscala María Estefanía González anunció que la realización de la pericia técnica tendrá lugar el próximo viernes 13. Esta pericia permitirá evaluar el daño causado, si las obras estaban hechas correctamente y la calidad de los materiales.
Las siete pericias pendientes de realización para completar la pesquisa están relacionadas a las obras. Se busca dictaminar la viabilidad de estas, si la construcción por parte de la firma Mota-Engil era viable sin contar con los documentos necesarios, y si se cumplían con los requerimientos establecidos en el manual de carreteras del MOPC.
Cabe recordar que estos exfuncionarios de alto rango fueron imputados por la fiscala María Estefanía González. En su acta de imputación, ella señaló que entre 2013 y 2018, Jiménez Gaona, como ministro, habría incumplido sus obligaciones de coordinar, supervisar y controlar las actividades del MOPC, lo que resultó en obstáculos insuperables para la finalización de los trabajos emprendidos por la constructora Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA.
Según el documento, el exministro no tenía los permisos necesarios de las comunas de Asunción y San Lorenzo para avanzar con las obras y habría comenzado las construcciones sin el diseño final de ingeniería presentado por Mota-Engil, el cual fue aprobado con observaciones porque la empresa fiscalizadora, Typsa-Incosa-Ingeneg, solo recomendó una aprobación provisional.
En este contexto, se llegó a pagar hasta US$ 29 millones a Mota-Engil por obras que no cumplían las especificaciones del contrato y que no beneficiaban a los ciudadanos. Guillermo Alcaraz, gerente del proyecto, fue imputado por irregularidades similares a las que afectaron a Jiménez Gaona, mientras que Marta Benítez fue acusada de permitir un aumento del 35% en el costo de esta obra.
En abril, el juez Humberto René Otazú ordenó un embargo sobre las cuentas bancarias de Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz, hasta cubrir la suma de G. 36.456.970.944 por cada uno. La suma total del embargo asciende a G. 109.370.912.833.
La fiscala González consideró que este embargo era necesario para salvaguardar la recuperación de los activos a favor del Estado, dado el supuesto perjuicio patrimonial que asciende a US$ 29.000.000. En ese sentido, los pagos desembolsados desde el MOPC durante la administración de los imputados totalizan la suma de G. 109.370.912.833.
El pasado 10 de abril, Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz fueron imputados por la fiscala María Estefanía González por supuesta lesión de confianza como autores y coautores, en conformidad con lo establecido en el Código Penal.
Fuente: ABC Color.
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