El escándalo financiero que sacude a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines se intensifica. Los directivos de la entidad, acusados de una supuesta malversación de fondos de más de 2,5 billones de guaraníes, han sido citados para una nueva audiencia preliminar.
La cita, fijada por el juez penal de garantías N° 11 de la capital, Yoan Paul López, tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre a las 9:00 horas.
José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortíz y Xavier Hamuy Campos Cervera, todos ellos directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, son los señalados por el Ministerio Público como responsables del monumental desfalco.
El caso, que se encuentra bajo el expediente N° 9790 del año 2019 y es denominado “José Antonio Caballero Bobadilla y otros s/ lesión de confianza”, ha sufrido constantes dilaciones debido a las maniobras de los acusados.
Ante esta situación, el juez López ha advertido que remitirá las actuaciones al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia si persisten los incumplimientos de las normas.
La causa penal está actualmente a cargo del fiscal José Martín Morínigo, quien reemplazó a la muy cuestionada fiscala Stella Mary Cano por decisión del fiscal general Dr. Emiliano Rolón Fernández.
El proceso ha tenido varios giros, incluyendo la anulación del sobreseimiento definitivo que benefició a los acusados por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, de la capital.
La investigación se inició con la denuncia de Isidro Colmán Moreno, quien acusó a los directivos de la Caja Bancaria de perpetrar “actos administrativos irregulares” que causaron “un grave perjuicio patrimonial a la institución”.
El informe del perito contable, Lic. Javier González, destaca un incremento considerable en los gastos de seguro médico de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines desde el año 2015 hasta el 2019, lo que ha generado un impacto negativo en su situación financiera.
Según el análisis, los gastos por este concepto aumentaron notablemente a partir del 2016, pasando de G. 18.310.320.000 en 2015 a G. 55.759.439.291 en 2019. Esta variación resultó en un total de G. 37.449.119.291, reflejándose como parte del perjuicio patrimonial a la Caja de Jubilaciones.
González concluye que el superávit al 30 de junio de 2015 fue de G. 965.943.000.000, mientras que al 31 de diciembre de 2017 se registró un déficit de G. 1.529.373.705.982. Esto implicaría un daño patrimonial total de G. 2.495.216.705.982.
Además, la querella señala que la Contraloría General de la República, en su última Auditoría (CGR 843/18), afirmó que la Caja de Jubilaciones no reveló en los Estados Contables al 31/12/2018, las reservas matemáticas producto del balance actuarial que presenta un déficit de G. 1.529.373.705.982, incumpliendo la Ley 2856/06.
El perito de la querella adhesiva es el Lic. Francisco Centurión.
Fuente: ABC Color
