Presentación de documentos. Foto: ABC TV.
Los ocupantes alegaron tener aproximadamente 20 años residenciando en la zona. Durante este tiempo, según ellos, transformaron un terreno inhóspito en una zona floreciente, proporcionando empleo y promoviendo el turismo.
Afirmaron que su establecimiento en la Finca 916 no fue un acto de invasión, sino el resultado de un proceso coordinado con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Los ocupantes aseguraron poseer documentación válida que prueba un proceso llevado a cabo con el Indert para su establecimiento en las tierras.
Mencionaron la existencia de mesuras judiciales y decretos presidenciales que les otorgarían legitimidad sobre la ocupación del predio. El debate legal gira en torno a la veracidad y validez de estos documentos, así como el reconocimiento de los acuerdos previos con el Indert.
El Procurador Marco Aurelio González y el Juez José Villalba, se trasladaron al lugar para solicitar la documentación pertinente a los ocupantes, en un intento por esclarecer la legalidad de la ocupación.
La falta de un listado real de los ocupantes y la ambigüedad en la documentación presentada complicó el proceso judicial, el cual busca determinar la legitimidad de los reclamos de los ocupantes.
Fuente: ABC.
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