El exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Édgar Xavier Durand Espínola, se encuentra bajo el ojo del huracán tras una nueva imputación en su contra. La fiscala Patricia Sánchez ha presentado cargos por estafa contra Durand y otros seis integrantes del directorio del Grupo Mocipar. El caso se centra en la denuncia de una víctima que pagó varias cuotas por un inmueble que nunca fue entregado.
Dany Durand, exsecretario de Estado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, ya cuenta con investigaciones en su contra por delitos similares y asociación criminal. Los otros imputados son Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos, Flavio Arturo Britos Ocampo y María Patricia Nazareth Espínola de Durand, todos miembros del directorio de las firmas Mocipar Propiedades SA, Mocipar Hogar SA y Mocipar Automotores SA.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado penal de garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para los siete imputados, dado que no se observan riesgos de fuga ni de obstrucción a la investigación.
El caso se basa en el relato de Carmen Celeste Coronel Caballero, quien suscribió un contrato con Mocipar Propiedades SA en julio de 2011. Coronel pagó 60 cuotas durante cinco años, totalizando G. 9.300.000, pero nunca le fue adjudicado ningún bien. Ante esta situación, firmó un documento de “Rescisión de Contrato y Reconocimiento” y continuó pagando anticipos bajo un nuevo contrato. A pesar de sus pagos, nunca recibió ningún beneficio.
Según la Fiscalía, los imputados habrían realizado el ilícito aprovechándose de su rol dentro del Grupo Mocipar, recibiendo sumas de dinero de personas como Carmen Coronel, que pagaban por años las cuotas y cumplían con los círculos establecidos pero no recibían nada a cambio.
Los adherentes habrían sido captados a través del programa televisivo “Domingo en Familia”, creado, dirigido y presentado por Dany Durand. En este programa, emitido a través de canales de aire paraguayos desde 2003 hasta 2014, se sorteaban las adjudicaciones.
Este caso pone de relieve los peligros de las falsas promesas y la estafa, ya que los contratantes efectuaban pagos consecutivos por largos periodos de tiempo sin obtener ninguno de los bienes prometidos, lo que resultaba en un perjuicio económico para ellos. La justicia ahora busca hacer valer sus derechos y sancionar a los responsables.
Fuente: ABC Color.
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