Foto: Gentileza
La pareja de Lidio Dejesús Cabrera Candia, un paciente que quedó en estado cuadripléjico por supuesta mala praxis, ha denunciado ante la Fiscalía presuntos hechos de estafa y asociación criminal. Se alega que un grupo estaría lucrando con medicamentos del Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay. La denuncia también incluye a exconsejeros del IPS.
El 28 de septiembre de 2023, Antonia Arce presentó una denuncia penal en representación de su pareja. Acusa a miembros del Consejo de Administración del IPS, a los médicos que trataron a Cabrera Candia y a un intermediario que conseguía los medicamentos a menor precio que las farmacias.
La denuncia por presunta mala praxis médica es contra exintegrantes del Consejo de Administración del IPS, como Vicente Battaglia, Miguel Ángel Doldán Martínez, Gustavo Arias, Roberto Brítez Ferreira, Ludia Silvera, Ricardo Vicente Oviedo, y también contra el intermediario Diego Pineda.
Además, se denuncian a médicos cirujanos y de otras especialidades del Servicio de Terapia Intensiva de Adultos del IPS, entre ellos el Dr. Juan Lim Ji, por presunta mala praxis, asociación criminal, estafa y otros delitos que pudieran surgir en la investigación.
La fiscala Carina Concepción Serón Núñez, de la Unidad Barrial N° 9, está a cargo del caso. El abogado Florencio Díaz representa a la pareja en la denuncia penal ante la Fiscalía.
Según la denuncia, Cabrera Candia acudió al Hospital Central del IPS en junio de 2023 para consultar por una dolencia que resultó ser una enfermedad del hígado llamada Caroli. Le recomendaron someterse a una operación, asegurando que estaría en casa al día siguiente de la cirugía debido a la poca gravedad de la patología.
Sin embargo, después de la cirugía, Cabrera Candia fue trasladado a Terapia Intensiva, donde permaneció durante un mes y 17 días. Contrajo una infección hospitalaria conocida como KPC, lo que agravó su condición. Además, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que lo dejó paralizado en sus extremidades.
Arce sostiene que tanto la infección como el ACV podrían haberse evitado si Cabrera Candia hubiera sido internado y operado en un centro hospitalario manejado con responsabilidad, honestidad y eficiencia profesional. Además, denuncia que durante la internación en Terapia Intensiva, tuvieron que comprar medicamentos costosos que supuestamente no existían en la farmacia del IPS.
La denuncia también detalla un modus operandi de extorsión para vender medicamentos que serían del IPS. Según Arce, el médico de guardia le pasaba una receta en un papel sin membrete ni firma, recomendándole contactar con Pineda, quien vendía los medicamentos a un precio más bajo que las farmacias. Arce sostiene que estos medicamentos serían del IPS y habrían sido retirados de la farmacia para su comercialización y beneficio de estas personas, formando una verdadera asociación criminal.
La denuncia penal presentada ante la Fiscalía detalla que se realizaron transferencias millonarias a un intermediario, Diego Pineda, para la compra de medicamentos. En total, se transfirieron G. 42.890.000 a la cuenta de Pineda en el Banco Itaú. Además, los médicos les hicieron comprar medicamentos por G. 18.870.000. Arce adjunta los comprobantes de transferencias y el listado de medicamentos comprados.
La situación es aún más grave porque Cabrera Candia, que quedó en estado cuadripléjico tras una presunta mala praxis, está postrado en una cama, sin movilidad propia y se alimenta por sonda. Por ello, no puede trabajar para sostener a su familia. Además, en el Hospital Central del IPS se negaron a cargar su reposo médico, por lo que hasta hoy no ha cobrado ni un solo guaraní en este concepto.
Arce también denuncia que al acudir al IPS de Capiatá para agendar una cita con el médico, tuvo que pagar G. 100.000 para conseguir un turno. Pero lo más impactante es que Cabrera Candia figura en los registros del IPS como fallecido. Arce adjunta una captura de pantalla que muestra esta irregularidad.
La denuncia penal señala que las autoridades del IPS, incluyendo a los médicos, enfermeras y técnicos de la Sección de Terapia Intensiva para Adultos, son autores y partícipes de estafa. Prometen un servicio médico eficiente y gratuito, pero la realidad es todo lo contrario. Se les acusa de asociarse ilícitamente para despojar de su dinero a los asegurados y a sus familias, quienes están angustiados por la posibilidad de perder a su ser querido.
Según la denuncia, los médicos utilizan un método extorsivo diciendo a los familiares del paciente que si no se le provee ese medicamento, ya no podrán salvarle la vida. Esta situación obliga a los familiares a buscar desesperadamente recursos, endeudándose o dejando en prenda lo poco que tienen.
Fuente: ABC Color.
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