Foto: Silvio Rojas, ABC Color.
En Villa Hayes, el proyecto presentado por el senador Basilio “Bachi” Núñez y el exdiputado Edwin Reimer para despojar más de 131 hectáreas de la Finca 916, perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional, está siendo cuestionado por la presentación de los beneficiarios como “agricultores”. Sin embargo, en la zona no se encuentran indicios de que estos ocupantes hayan dedicado tiempo a esta actividad. Por el contrario, lo que llama la atención son las lujosas casas construidas en terrenos estatales.
La justificación inicial de que los ocupantes llevaban décadas en el lugar se ha desmentido, y ahora se suma el hecho de que los proyectistas cartistas los presentan como agricultores. No obstante, no existen pruebas de que hayan realizado labores agrícolas en el área. Más bien, lo que se destaca son las ostentosas residencias construidas en terrenos públicos.
El proyecto de desafectación de las tierras públicas, ingresado el 3 de junio de 2022, argumenta la necesidad de regularizar la situación de ocupación de hecho por parte de las familias.
Según el documento, estas ocupan una extensión aproximada de 1,5 kilómetros a lo largo del río Paraguay. Además, se menciona que los ocupantes han realizado mejoras en infraestructura y servicios públicos, como energía eléctrica y distribución de agua corriente.
Sin embargo, la senadora Celeste Amarilla ha divulgado un listado de personas que iban a ser beneficiadas con los lotes públicos, donde se detalla que varias de ellas tienen actividades empresariales distintas a la agricultura, tal como afirmaron Núñez y Reimer.
Además, en un recorrido realizado por el medio ABC en la zona de Jardines de Remansito, se pudo constatar que existen viviendas de lujo con sus propios puertos hacia el río Paraguay, yates, camionetas de alta gama y piscinas.
Las imágenes satelitales de Google Earth Pro demuestran que las construcciones de envergadura en estas tierras apenas datan desde 2015, lo cual contradice la afirmación de que llevan décadas en el lugar.
El proyecto de ley para despojar las tierras al Ministerio de Defensa obtuvo sanción automática en el Senado el pasado 27 de septiembre, quedando ahora pendiente la decisión del Ejecutivo.
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