Política

Legisladores opositores instan a Peña a objetar despojo de tierras a Defensa

Senadora y diputado del PEN instaron a presidente Peña a objetar proyecto de ley que favorecería a ocupantes “vip” de terrenos de Defensa Nacional.

Tierras despojadas. Foto: ABC.

El senador Basilio “Bachi” Núñez y sus aliados políticos lograron dejar sin quórum la sesión de la Cámara de Senadores de Paraguay esta semana, lo que resultó en la sanción automática de un proyecto de ley que implica el despojo de 131 hectáreas de tierras pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a favor de la municipalidad de Villa Hayes.

Objetando el proyecto de ley

La senadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez, legisladores del Partido Encuentro Nacional (PEN), emitieron un comunicado en el que instan al presidente de la República, Santiago Peña, a objetar de manera total el mencionado proyecto de ley.


Argumentaron que esto se basa en el artículo 209 de la Constitución Nacional, que permite la Objeción Total, y señalaron la violación del procedimiento legislativo, que atenta contra el Estado de Derecho y la seguridad jurídica.

Violaciones graves al procedimiento legislativo

Los legisladores de la oposición también denunciaron “violaciones graves” al procedimiento legislativo que, a su juicio, afectan tanto a los derechos de la ciudadanía como a las prerrogativas de las minorías parlamentarias. Consideraron que la ley sancionada es inconstitucional y debe ser vetada en su totalidad para remediar la situación.

Protegiendo el patrimonio de todos los paraguayos

González y Benítez destacaron que la sanción de esta ley implica un “despojo de un patrimonio que pertenece a todos los paraguayos” en beneficio de grupos de poder, en detrimento de sectores históricamente marginados del país.


Afirmaron que su oposición a prácticas como esta fue constante y que están comprometidos con la defensa del Estado de Derecho y las garantías constitucionales.

No permitir atropellos al Estado de Derecho

Los congresistas concluyeron que no pueden permitir el atropello constante a las garantías constitucionales y al procedimiento adecuado para la aprobación de leyes en el Congreso.

Su llamado es a proteger la vigencia del Estado de Derecho y evitar situaciones que socaven los derechos de los ciudadanos y las minorías parlamentarias.

Fuente: ABC.