La gestión financiera del Censo 2022 por el INE ha generado controversia. Se han detectado pagos de aproximadamente G. 10.880 millones en rubros que no correspondían, apuntando a deficiencias en la administración de fondos.
Los censistas, pilar fundamental en el levantamiento de datos, no presentaron informes finales, violando procedimientos internos. Estas omisiones subrayan una falta de control y supervisión adecuada durante la realización del censo.
Los cuestionarios censales, vitales para la recopilación de datos, presentaron errores en su llenado. Esta situación pone en tela de juicio la precisión de los resultados finales del censo.
La Contraloría señaló una carencia en la organización y planificación, evidenciada en la adquisición y subutilización de equipos informáticos destinados a fortalecer el proceso censal.
La falta de controles adecuados en el pago a los censistas y supervisores plantea interrogantes sobre la integridad y eficiencia del proceso de remuneración.
Iván Ojeda, director del INE, defendió la validez de los datos del censo a pesar de las acusaciones y se mantuvo firme en su puesto, aguardando una interpelación por parte de la Cámara de Senadores.
Fuente: ABC Color.
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