El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (segundo de la derecha), junto a sus abogados, en el Palacio de Justicia. Foto: Raúl Ramírez
La audiencia de imposición de medidas se suspendió abruptamente debido a la recusación presentada por el abogado Guillermo Ferreiro contra el juez Humberto Otazú. La defensa argumenta una posible falta de parcialidad e independencia del juez debido a los vínculos familiares de su esposa.
Este caso polémico involucra una supuesta compra irregular de kits de alimentos por parte del intendente Miguel Prieto. La empresa Tía Chela SRL, que proveía los kits de alimentos a la Municipalidad de Ciudad del Este, es uno de los principales focos de la investigación.
También aparece en escena la empresa Vanemi SA, vinculada a Emilia Vanessa Florentín Páez, otra de las imputadas en el caso. Además de Prieto, hay otros funcionarios municipales bajo la lupa de la justicia.
El Departamento de Investigación Tributaria de la SET ha detectado inconsistencias en la trazabilidad de la compra de mercaderías. El valor de la compra fue de aproximadamente G. 3.000 millones.
La compra se realizó durante el periodo de pandemia, específicamente entre el 20 y 27 de marzo de 2020. Este detalle añade otra capa de complejidad a un caso ya de por sí enmarañado y con muchas preguntas sin respuesta.
Fuente: Última Hora
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