Foto: ilustrativa.
En palabras del viceministro de Seguridad Interna, el comisario Óscar Pereira, la próxima reunión será crucial para finalizar los detalles del borrador. El núcleo del debate radica en cómo se administrará el monitoreo y cuál será la dependencia encargada.
A pesar de que la naturaleza del dispositivo permitirá su aplicación en diversos casos, en esta fase inicial se le dará prioridad a hechos de violencia familiar o contra la mujer.
El enfoque está puesto en adquirir entre 100 y 300 unidades para el plan piloto. Los costos de inversión, que varían entre 500 y 1.500 dólares por dispositivo, podrían ser absorbidos por los usuarios. No obstante, este aspecto sigue en discusión.
Antes de ser considerados para el uso de estas tobilleras, los candidatos deben pasar por un proceso de selección que incluye desde un análisis psicológico hasta un estudio sobre sus condiciones de vida.
El viceministro Pereira también dejó en claro que se está considerando la posibilidad de subsidios en ciertos casos.
La implementación de las tobilleras electrónicas representa un avance significativo en el monitoreo y control de aquellos bajo medidas judiciales.
Sin embargo, aún hay detalles que afinar para garantizar su aplicación justa y efectiva. La comunidad espera con expectación la presentación oficial del marco reglamentario.
Fuente: La Nación
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