El proyecto de ley que busca regular la supervisión estatal de las entidades de jubilaciones y pensiones está en el ojo del huracán. Los senadores Silvio “Beto” Ovelar, Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga y Arnaldo Samaniego han propuesto la creación de la Superintendencia, dependiente del BCP.
Eduardo Ojeda, representante de la Corriente Sindical Clasista, critica firmemente la propuesta, acusando al presidente Santiago Peña de tener una agenda oculta de privatización del sistema jubilatorio.
El argumento principal del mandatario es la fiscalización de las inversiones jubilatorias, pero para los sindicalistas, esto es una mera fachada.
Si se aprobase, la nueva Superintendencia supervisaría tanto a entidades públicas de jubilaciones y pensiones (incluyendo las ocho cajas actuales) como a las privadas.
Esta perspectiva ha generado malestar en diversos sectores, quienes temen una futura privatización y el eventual colapso del Instituto de Previsión Social (IPS).
La oposición al proyecto no solo viene de sindicalistas. Diversos sectores y sindicatos del Instituto de Previsión Social (IPS) también han levantado la voz, mostrando su rechazo y preocupación por las consecuencias que podría traer la nueva Superintendencia.
Fuente: ABC Color
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