Foto: Gentileza
El escenario financiero en el IPS desvela sombras alarmantes. De acuerdo a un meticuloso informe de la CGR, existen pagos que superan el billón de guaraníes sin los respectivos documentos respaldatorios. Esta situación, clasificada como «la más emblemática» por el contralor general Camilo Benítez, refleja una posible vulnerabilidad en la gestión de fondos del Instituto.
Benítez señala que hubo notables discrepancias en la deuda millonaria del IPS con sus proveedores, específicamente con empresas farmacéuticas. Esta información emergió tras un cruzamiento de datos con la información proporcionada por estos proveedores, ya que el IPS no brindaba la documentación requerida de manera accesible.
La falta de transparencia y colaboración por parte del IPS forzó a la CGR a solicitar intervención judicial para acceder a los documentos necesarios para su investigación. Los documentos finalmente entregados en febrero de este año, llenaron dos camiones repletos de cajas.
Más allá de los asuntos directamente relacionados con el IPS, Benítez también hizo referencia a las evaluaciones realizadas al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) durante la última década, las cuales desvelaron notables deficiencias en la provisión de servicios, la calidad de los mismos y las contrataciones públicas. Estos hallazgos resaltan la necesidad de revisar y reformar leyes y reglamentos para asegurar la transparencia y eficacia en la administración pública.
El contralor general sugiere una revisión exhaustiva de la Ley de Fonacide, que en su opinión ha sido implementada de forma deficiente, no cumpliendo con sus objetivos y dejando a muchas escuelas sin los recursos esenciales. Esta revisión podría llevar a cambios significativos que beneficiarían a estudiantes y garantizarían un mejor uso de los fondos públicos.
Ante esta avalancha de datos y descubrimientos, queda claro que es esencial que las instituciones del Estado trabajen con transparencia y se responsabilicen por el uso adecuado de los fondos públicos. La sociedad espera respuestas y acciones concretas frente a estos hallazgos, y será esencial que las autoridades competentes tomen medidas correctivas para restaurar la confianza del público.
Esperamos que este caso se convierta en un punto de inflexión para asegurar una administración pública transparente, responsable y al servicio del bienestar de todos los paraguayos.
Fuente: Última Hora
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